Las obras sociales analizan denunciar a las prepagas por competencia desleal, con el apoyo del ministro de Salud, Mario Lugones. El conflicto estalló porque detectaron que las prepagas que se anotaron en el registro de obras sociales que habilitó la gestión libertaria, pueden elegir a sus clientes, opción que las obras sociales no tienen.
El vocero Manuel Adorni celebró hace dos semanas que Swiss Medical -la más grande del país- se haya incorporado al Registro Nacional de Agentes del Seguro, que permite a las prepagas ofrecer directamente sus servicios a los trabajadores sin pasar por la intermediación de obras sociales fantasmas que se quedaban con una comisión.
Esa decisión de limpiar el padrón de las obras sociales que son sellos de goma es apoyada incluso por los principales gremios de la CGT, el problema surgió porque las prepagas que ahora compiten con las obras sociales que sí funcionan, pueden elegir que clientes toman y estarían rechazando a monotributistas, jubilados y servicio doméstico. Esta opción no está permitida para las obras sociales sindicales y por eso acusan de competencia desleal.
Ante eso, un directivo de una obra social sindical afirmó a LPO que las prepagas están ante “una evidente situación de ventaja competitiva frente al resto de las obras sociales”, que están obligadas a aceptar a esos segmentos de trabajadores, que tienen pocos ingresos y pueden demandar uso intenso de los servicios.
La semana pasada, el gobierno de Milei dispuso en una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) que controla directamente Lugones, que los trabajadores puedan derivar sus aportes y contribuciones a una obra social o prepaga, en forma directa y “evitando las triangulaciones”.
El argumento válido del gobierno fue que con esa decisión se busca terminar con “las intermediaciones de obras sociales fantasma a empresas de medicina prepaga”, Pero en las obras sociales que si funcionan temen que el resultado final sea que terminen desfinanciadas. “Se llevan la crema del sistema y nos obligan a nosotros a hacernos cargo de todos los pacientes”, agregó a LPO el directivo consultado.
No se trata de una especulación, en el propio Sistema Registro de Obras Sociales surge que las prepagas que se inscribieron no aceptan jubilados, monotributistas ni persona doméstico.
En las obras sociales analizan ir a la Justicia por esta situación ya que, además, cuestionan que la resolución que hace obligatorio el registro de las prepagas, anula un decreto previo que planteaba la inscripción como opcional.
Actualmente, todas las obras sociales sindicales están obligadas a aceptar a monotributistas y personal de servicio doméstico. “Esos segmentos de trabajadores tienen un aporte bajo en relación a lo que le cuesta a la obra social un Plan Básico”, explicaron. Por eso las prepagas decidieron no aceptarlos, pero la sobras sociales no cuentan con esa opción.
Las categorías más bajas de monotributo pagan 16.800 pesos por persona, de los cuales el 15% la obra social no lo recibe porque va al Fondo Solidario de Redistribución.
“A la obra social le quedan aproximadamente 15 mil pesos versus lo que le cuesta a la obra social dar un plan básico, que actualmente, está en 45 mil pesos”, agregó un directivo de otra obra social.
De plantear reparos una obra social al ingreso de un monotributista, señalan que, a los dos días, llega una intimación de la Superintendencia para que sea afiliado, con el apercibimiento de una sanción equivalente a no girar más los subsidios que la SSS paga para monotributistas, que se denomina “Sumarte”.
