La relación entre Maduro y Lula está cada vez más distante. La mediación de Brasil para llegar a una solución a la crisis desatada por el fraude electoral del 28 de julio ha fracasado pero el líder brasileño se resiste a romper relaciones con el régimen.
Como estrategia, dejó de opinar del tema y durmió todas las gestiones que venía haciendo en conjunto con Gustavo Petro para enfocarse en las elecciones municipales del pasado domingo, la segunda vuelta en San Pablo del 27 y los dos años que le quedan de mandato.
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De todas formas, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, acusó a Lula y el chileno Gabriel Boric de ser “dos voceros” de la izquierda latinoamericana “captada” por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.
El titular del Ministerio Público alineado con el chavismo aseguró que está “comprobado” que el mandatario chileno es un “agente de la CIA”, y “le sigue ahora”, según Saab, el jefe de Estado brasileño, quien también “fue captado”.
Saab dijo haber conocido a Lula y expresó que “no es el mismo ni en su físico ni en cómo se expresa” en comparación con el que “fundó y arengó a los movimientos obreros de Brasil”.
Por otra parte, Saab rechazó las declaraciones que ambos mandatarios han hecho sobre la situación en Venezuela tras los comicios presidenciales del pasado 28 de julio, cuyo resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que otorgó la reelección a Nicolás Maduro, no han reconocido.
“¿Quién eres tú, Boric, quién eres tú, Lula, (…) para entrometerte en los asuntos internos de Venezuela y ser ahora el CNE?”, expresó en una entrevista con un programa del canal venezolano Globovisión.
Este martes, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela presentó un informe de 158 páginas, que abarca el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, y en el que acusa a fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales de asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual y de género.
Las fuerzas de seguridad estuvieron “involucradas masivamente” en violaciones de derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, o tratos crueles y degradantes, indica el documento, señalando como responsables a los servicios de inteligencia civil (SEBIN) y militar (DGCIM), así como a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional.
También asegura que “las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia”.
Otras instituciones señaladas en el informe son el Consejo Nacional Electoral, que “incumplió las medidas básicas de transparencia e integridad”, la Asamblea Nacional, “instrumental en la aprobación de nuevas leyes contrarias a los derechos humanos y restrictivas del espacio cívico y democrático”, o el sistema de justicia, que “siguió operando con falta de independencia”.
