Lejos de producir distensión, la liberación de cinco sindicalistas detenidos por incidentes ocurridos frente a la Legislatura de Santa Fe hace un mes, cuando se trataba la reforma jubilatoria de estatales provinciales, mantiene muy cargada la discusión política. La fiscal que ordenó privar de la libertad a los gremialistas al final no pidió la prisión preventiva. La pregunta que cascabelea fuerte es para qué ordenó meterlos presos.
Allí las respuestas y los análisis se bifurcan. Las fiscales María Laura Urquiza y Yanina Tolosa acusaron a los sindicalistas, de ATE y del gremio provincial docente, de haber perturbado la sesión de la Legislatura y producido el delito de daños. Sostuvieron haber identificado a las personas imputadas entre una multitud de registros fílmicos, fotográficos e imágenes del 911 respecto de una gran cantidad de manifestantes que no cometieron delito.
Los ejes de los cuestionamientos son dos. El primero es que las fiscales ordenaron allanamientos contra los detenidos que una multiplicidad de entidades gremiales y sociales denunciaron como abusivos y violentos. No obstante el fuerte reproche a esas requisas, señaló la fiscal Urquiza, en la audiencia las defensas no objetaron esas medidas autorizadas por un juez.
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La segunda objeción es que privaron de la libertad de personas a las que no se reclamó después prisión preventiva que es el fundamento razonable para ir a detener. Eso abre las interpretaciones políticas que hacen foco en el gobierno de Maximiliano Pullaro. Y que cuestionan un efecto simbólico de usar el proceso penal con fines políticos y no para gestionar pacíficamente la conflictividad.
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Con un Poder Ejecutivo notoriamente en sintonía con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que nuclea a los fiscales provinciales, los planteos de sindicalistas y críticos pasan porque la medida de apresar a gremialistas en el marco de conflictos induce a desalentar la protesta, imponer miedo y buscar efectos de disciplinamiento. Podrían haberlos allanado para buscar prueba y citarlos a imputativa, aducen. Se eligió la vía de meterlos presos para después no pedir que siguieran bajo encierro porque las acciones reprochadas difícilmente impliquen prisión efectiva.
La discordia está en el debate político y en la preocupación de entidades sociales que incipientemente se manifiestan. Y que creen que el paisaje nacional desalienta un contexto para la protesta con ejemplos represivos inquietantes. El más perturbador fue el de los 33 detenidos durante desmanes frente al Congreso en junio pasado por manifestarse contra la Ley Bases impulsada por Javier Milei. Llegó a haber personas con 84 días en prisión, acusadas de resistencia a la autoridad y daño agravado. Y finalmente desvinculadas todas ellas sin prosecución de causa. La manifestación que para la Justicia no cometieron delito.
