El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, desafió a la ministra de Seguridad, Patricia Pullrich, al cuestionar la ley Antimafias por su “exceso de garantismo”.
Invitado como expositor a la reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior de Diputados, el mandatario expresó: “nos parece que esta ley tiene un exceso de garantismo”.
Además, señaló que sería “sumamente importante poder contar con una ley que que tenga una mirada integral de lo que son las organizaciones criminales”, y reclamó “instrumentos que permitan ser mucho más rápidos y ágiles en lo que es la persecución de la violencia, del delito, y fundamentalmente del crimen organizado, porque al crimen organizado hay que golpearlo rápidamente y para eso se necesitan muchas herramientas”.
Aunque desde el entorno del gobernador enfatizaron que defendió el proyecto, sus diferencias con la ministra quedaron claras. “Venimos a respaldar el proyecto de ley”, dijo Pullaro, y también pidió a los legisladores que “no se queden cortos” al momento de implementar los cambios legales.
Uno de los diputados de Unión por la Patria no dudó en reconocer “la solidez” del gobernador pero resaltó “la disconformidad” de Pullaro. “No se puede pelear con el gobierno nacional, por más que el hombre no esté de acuerdo con muchas de las medidas que se toman desde el Ejecutivo, y hace equilibrio”, consideró.
Pablo Cococcioni
Pullaro asistió a la Cámara de Diputados acompañado por su ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, quien advirtió que “es un imperativo contar con herramientas de investigación y persecución penal amplificadas para este tipo de organizaciones”. “Coincidimos con el espíritu y la necesidad del proyecto”, reconoció, pero finalmente remarcó: “creemos que es insuficiente para una política criminal que aborde las mafias”.
La iniciativa impulsada por el oficialismo, denominada técnicamente como Ley de Abordaje Integral del Crimen Organizado, establece que quien fuese declarado culpable en sede judicial por delitos cometidos como miembro de una banda criminal reciba la pena más alta entre las sanciones fijadas contra alguna de las acciones que se le imputen. También habilita detenciones de hasta 48 horas por simple “averiguación” de ilícitos y aumenta las facultades de la Dirección de Inteligencia Criminal dependiente de Bullrich.
El proyecto fue anunciado a fines de marzo y lleva semanas debatiéndose en las comisiones de la Cámara Baja, con la intervención de especialistas que cuestionan la vulneración de garantías constitucionales que el articulado contendría.
