Axel Kicillof podría pedirle en las próximas horas la renuncia al ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, jaqueado por un supuesto esquema de coimas con las fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV).
La Justicia investiga un aceitado esquema de coimas e información privilegiada que habría montado D’Onofrio con la supuesta asistencia de un grupo de jueces de Faltas y abogados a cargo de gestorías. De acuerdo a la línea de investigación, esa estructura eliminaba multas de tránsito a cambio de un pago de un porcentaje del valor de la infracción.
Su pareja, Pilar Claudia Pombo, es presidenta del Concejo Deliberante de Pilar y trascendió que el jueves el legislativo local buscará correrla de ese cargo.
Según fuentes judiciales, Pombo era quien coordinaba a los gestores implicados en el esquema. Las acusaciones incluyen la creación de una red que captaba infractores y se quedaba con un porcentaje del dinero recaudado.
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Pombo ya había enfrentado condenas judiciales por peculado en el pasado, tras ser acusada de sustraer fondos públicos mientras dirigía el Registro de la Propiedad Automotor Nº 2 de San Miguel. Su reincidencia en escándalos de corrupción ha despertado duras críticas desde la oposición.
La denuncia inicial en esta causa proviene de Secutrans, una compañía que provee tecnología para las fotomultas. Según la empresa, las prácticas fraudulentas habrían generado una caída en su recaudación de entre 4 y 10 millones de dólares mensuales. Este dato evidencia la magnitud del presunto desfalco y el impacto sobre las finanzas públicas.
El expediente principal se tramita en la fiscalía de Álvaro Garganta, que investiga el esquema de las multas. Sin embargo, las denuncias por la VTV han sido remitidas al Juzgado Federal de Campana, donde los denunciantes han señalado inversiones sospechosas en España, supuestamente vinculadas a Pombo y Quattrochi.
La investigación enfrenta obstáculos. En el caso de la VTV, el juez Adrián González Charbay se declaró incompetente, y el expediente fue devuelto por la Cámara Federal de San Martín. Mientras tanto, los fiscales analizan si las conductas denunciadas constituyen lavado de dinero o enriquecimiento ilícito.
D’Onofrio es un dirigente que ingresó al gobierno provincial a instancias de Sergio Massa, aunque se distanció del Frente Renovador el año pasado. Hoy no existe contacto entre Massa y el hasta hoy ministro provincial.
Desde el entorno de Kicillof buscan esquivar los daños del escándalo. Aseguran que el gobierno de Kicillof es de coalición y que ese ministerio será ocupado por la persona que Massa defina.
