La feroz tijera sobre la planta del Estado como motor de la batalla cultural contra “la casta” que embandera el gobierno como una cruzada, deja a la administración pública al borde de la parálisis y amenaza con impactar de lleno sobre las principales fuentes de dólares que tiene el país si se avanza con el desguace del Senasa.
El Servicio Nacional de Sanidad Animal es el organismo que se ocupa de los controles sanitarios en la producción agrícola y cárnica y si se concretan los despidos masivos como en otras dependencias, su debilitamiento derivará en el cierre de los principales mercados internacionales.
Es que el Senasa es uno de los engranajes de un complejo sistema sanitario mundial y su certificación local es requisito para lograr la internacional. A su vez, es auditado periódicamente y si las inspecciones no aprueban los estándares los mercados caen automáticamente.
De esta manera, Argentina podría arriesgar las exportaciones de granos, de sus productos derivados como aceites, harinas, de la industria láctea y las carnes si se eliminan los controles básicos perdiendo exportaciones a los Estados Unidos, China, Brasil, Chile, Rusia, Méjico y el sudeste asiático, entre otros destinos comerciales.
En consecuencia, desde ATE advirtieron que “un ajuste a través de una planilla donde no se tenga en cuenta los estamentos que se afecta, como está sucediendo, puede traer consecuencias muy severas”, explicó a LPO Ricardo Luna de la comisión interna de ATE Rosario en el ente.
Es que el SENASA y sus áreas como el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria nuclea a profesionales que se han formado por años en la fiscalización para garantizar los niveles bromatológicos adecuados. La importancia del organismo es tal, que durante el macrismo se aprobó por unanimidad la Ley 27.233 que declaró de interés nacional la sanidad de los animales y los vegetales, así como la prevención, el control y la erradicación de las enfermedades, dice la norma.
Pablo Cortese presidente de SENASA
Ahora, el riesgo de que se eliminen los controles básicos pone en riesgo el comercio exterior con fuerte impacto en la provincia de Santa Fe que concentra el uno de los polos agroexportadores más importantes del mundo junto con el de New Orleans.
La sede provincial del Senasa que cuenta con 400 trabajadores, un 20 por ciento por debajo del número estándar, tiene a su cargo la fiscalización de los 34 puertos de los cuales, 29 son privados con altísimo volumen de exportación de granos y derivados.
A su cargo tienen el control de 40 frigoríficos entre los que se encuentran los 15 mayores exportadores del país y el resto de producción general. También verifican los establecimientos lácteos de la cuenca lechera nacional, depósitos de alimentos balanceados, fábricas y los siete millones de cabezas bovinas, un millón de porcinos y múltiples granjas avícolas.
Cualquier cimbronazo en alguna de estas cadenas productivas tienen consecuencias brutales en la población. Todavía está en la memoria el año 2001 cuando el Frigorifico Friar tuvo que cerrar por cuadros de Aftosa, media ciudad de Reconquista quedó sin trabajo.
En consecuencia, los controles preventivos de aftosa, peste porcina, gripe aviar, HLB Huanglongbing que es una plaga que afecta a los cítricos, son ejemplos de plagas que requieren de alertas mundiales prematuras y sobre todo, la fiscalización preventiva: “no solo está en juego la pérdida de trabajo altamente capacitado en el Senasa sino también del sector privado en la industria láctea, cerealeras, frigoríficos si caen las exportaciones por no cumplir los requisitos sanitarios”, explicó Luna.
Tal es la preocupación que el tema generó una extraña coincidencia entre los gremios estatales y los representantes de los sectores más concentrados de la agroindustria como la Mesa de Enlace y CIARA, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina que manifestaron públicamente las inquietudes.
A su vez, el gobierno nacional acaba de notificar el despido de seis trabajadores de la sede rosarina de la Dirección Nacional de Control Agropecuario que fiscalizaba la comercialización de alimentos en media provincia de Santa Fe y quedó desguazado.
