Patricia Bullrich se metió de lleno en el Congreso para conformar la Comisión Bicameral de Inteligencia sin el peronismo, con la intención de que las nuevas autoridades respondieran plenamente al oficialismo y abortaran el tratamiento de las acusaciones por “hacer inteligencia” sobre detenidos en el penal de Ezeiza el pasado 12 de junio.
La preocupación de la ministra de Seguridad se desató porque el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau, todavía presidente de la Bicameral hasta que se voten sus nuevas autoridades, decidió impulsar una investigación sobre las denuncias de personas detenidas durante la represión ordenada por Bullrich, cuando el Senado sesionaba para aprobar la ley Bases, acerca de interrogatorios políticos a los que habrían sido sometidos en la cárcel.
Como la Bicameral de Inteligencia no se rige por reglamento de ninguna de las cámaras sino por la ley que le dio vigencia, Moreau puso en conocimiento de su iniciativa a Cristian Ritondo por el PRO y Daniel Kroneberger por la UCR, ambos vocales de la comisión, y cotejó la verosimilitud de los testimonios en base a lo que los detenidos declararon en el juzgado a cargo de Ernesto Kreplak.
Por esa razón, Bullrich jugó a fondo y presionó a través de Karina Milei a Martín Menem, quien debió incumplir su palabra con Miguel Pichetto sobre el otorgamiento de la presidencia de la Bicameral a Emilio Monzó para reforzar el cerrojo político que demandaba la Casa Rosada. Las dificultades del riojano para plantarse frente a la secretaria General de la Presidencia exasperaron al diputado rionegrino, que habría amenazado con abandonar su docencia parlamentaria frente al oficialismo.
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En ese contexto, Menem convocó a Pichetto y Oscar Agost Carreño a su oficina para prometerles una compensación. A Monzó le darían la presidencia de “otra Bicameral”, mientras que al propio jefe de Hacemos Coalición Federal le concederían la comisión Revisora de Cuentas.
El riojano suspiró con cierto alivio pero la posibilidad de que la investigación escale no se disipó. “Menem reconoce el bloque político de 31”, comentaron a LPO desde el pichettismo en referencia al espacio que componen entre HCF, los lilitos e Innovación Federal, pero deslizaron que el gobierno “reconoce que tiene un problema con Inteligencia”.
El problema, según el kirchnerismo, es que “Bullrich no puede permitir que el Congreso revele que el servicio penitenciario practica inteligencia sobre los detenidos”. “Nunca, desde el retorno de la democracia, se había sometido a interrogatorios políticos a ciudadanos apresados por manifestarse”, decían desde Unión por la Patria (UP).
Ante ese escenario, Bullrich pretendió que la comisión se conformara con 8 legisladores sobre 14, excluyendo a los representantes de UP. Sin embargo, la maniobra no prosperó porque se resistieron Ritondo y la UCR, que promueve el reemplazo de la senadora Mariana Juri por su par Martín Lousteau.
Con la oposición del jefe de bloque PRO, en franca disputa con la ministra, y el presidente del partido centenario, Bullrich y Karina sintieron que el agua les llegaba al cuello. “Ritondo conoce el funcionamiento de la comisión y sabe que no se puede hacer cualquier cosa”, dijeron desde el peronismo para explicar la actitud del dirigente macrista. Una lectura similar ensayaron sobre la conducta del sector del radicalismo que no se subordina totalmente a Milei.
La desesperación del oficialismo es tan grande que Menem terminó relegando a otro diputado libertario al que le habría prometido la presidencia de la Comisión, acaso vendiendo lo que no tenía, y tuvo que replegarse designando al chubutense César Treffinger y al cordobés Gabriel Bornoroni. “Nos están cagando a los que no pertenecemos al círculo de confianza de Martín”, confesaron en el bloque de LLA.
A Treffinger y Bornoroni, se sumaban Ritondo y la radical Mariana Coletta, una legisladora que orbita bajo la figura de Emiliano Yacobitti, y los senadores Martín Goerling, Edgardo Kueider y Edith Terenzi, quien responde al gobernador Nacho Torres. En la Cámara Alta deslizaron a LPO que la chubutense tampoco compartía la jugada del oficialismo pero en dos oficinas aliadas al Poder Ejecutivo indicaron que Kueider aspiraba a presidir la comisión.
Desde su entorno, negaban este lunes conocer detalles sobre las conversaciones acerca de las nuevas autoridades pero Victoria Villarruel estaría dispuesta a retribuirle al entrerriano con esa comisión su compromiso para que saliera la ley Bases.
En un despacho cercano a la Vicepresidenta indicaron que UP no entregaba el listado de nombres de aquellos legisladores que integrarían la Bicameral. En el peronismo, por otro lado, confirmaron a LPO que irían Moreau, Rodolfo Tailhade y Blanca Osuna por Diputados y Oscar Parrilli, Wado de Pedro y Mariano Recalde por el Senado.
Si a esos seis legisladores se sumaran Lousteau y Terenzi, la oposición llegaría a 8 firmas para dictaminar expedientes contra el gobierno. Bullrich, Karina y Menem habrían terminado fortaleciendo el polo contrario con su intentona.