El procurador interino Eduardo Casal recibió este viernes incontables mensajes de WhatsApp celebrando el oficio que envió a la Corte Suprema de Justicia para solicitar que suspenda el fallo Levinas. “¡Por fin alguien se anima a decir las cosas como son!”, decía uno de los saludos remitidos por un juez nacional.
El reclamo de Casal apuntó contra la resolución votada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, el 27 de diciembre pasado, con la disidencia de Carlos Rosenkrantz. Esa definición establecía que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ) debía considerarse como tribunal de alzada frente a los recursos de inconstitucionalidad planteados por la defensa de los acusados, en causas que tramitaran en juzgados nacionales con asiento en Capital Federal.
Junto con esa decisión, la Corte derivó la causa Correo, que involucra a la familia de Mauricio Macri, al TSJ, integrado por cuatro jueces nombrados por el PRO, Ines Weimberg de Roca, Santiago Otamendi, Marcela de Langhe y Luis Lozano, y una impulsada por el viejo Frente Grande, Alicia Ruiz. Aunque el casus belli era el litigio entre los herederos del artista plástico León Ferrari contra el periodista Gabriel Levinas, denunciado por vender obras del extinto pintor sin pagar a sus familiares lo obtenido, lo que dictaminaron los cortesanos impactó en la arquitectura jurídica argentina.
El fallo se publicó apenas horas antes del Día de los Inocentes y salió también con la premura que exigía la inminente jubilación de Maqueda, que cumplió sus 75 años dos días después. La curiosa mayoría que se formó para firmar esos votos reunió a Rosatti y Lorenzetti, enfrentados en una encarnizada pelea en el cuarto piso del Palacio Talcahuano, además del ministro cordobés.
La Corte Suprema sentó un precedente que favorece a Macri en la causa Correo
Fuentes judiciales dijeron a LPO que las cámaras nacionales se están autoconvocando a plenarios para “resistir” cuando culmine la feria judicial. “Esto es un desacato que debilita a la Corte”, indicaron en los pasillos de Comodoro Py, y agregaron: “es una insubordinación judicial, comparable -por sus posibles efectos- a lo que produjo la movilización social contra el fallo Muiña en 2017”.
La referencia a aquella resolución se enfoca en la manifestación popular que colmó la Plaza de Mayo y sus alrededores en los primeros días de mayo de 2017, luego que la Corte Suprema convalidara la aplicación del beneficio del 2×1 para el represor Luis Muiña. La agitación social obligó entonces al Congreso a sancionar en tiempo récord la Ley 27632, que declaró la inaplicabilidad de ese canje para quienes hubieran cometido delitos de lesa humanidad, y el máximo tribunal avaló ese criterio en diciembre de 2018, excusándose en que se necesitaba “una ley interpretativa”.
Desde el entorno del Procurador, explicaron a LPO que el efecto suspensivo planteado en su oficio “no es revertir el fallo sino suspender los efectos hasta que se acomoden institucionalmente las estructuras”. Por eso, el antepenúltimo párrafo del escrito dice: “Me permito sugerir al Tribunal que suspenda la aplicación de lo decidido entonces hasta que se resuelva de manera normativamente adecuada la restricción que impide a este Ministerio Público llevar a cabo legal y eficazmente la nueva actividad procesal ante el fuero porteño que allí demanda”.
Ese era el punto que enfatizaba un juez nacional para advertir que “si bien se produjo ‘un 2×1’ interno, la jugada original era para Macri”. “La Corte Suprema quedó debilitada pero no se suspende el traslado de Correo al TSJ”, señaló, y concluyó que “abrieron la puerta para que el TSJ fuera alzada, corrieron traslado para la causa Correo y, cuando los jueces nacionales saltaron, cerraron de nuevo”.
Rosenkrantz y Rosatti.
Un jurista explicó a LPO que, en términos operativos, el efecto suspensivo pedido por Casal debería regir hasta que se sancione una ley del Congreso. De hecho, el propio Rosatti suele repetir que uno de los problemas del país es que la ley suele llegar después de un fallo judicial, como ocurrió con los casos del divorcio o el aborto, y Levinas no sería la excepción.
Un camarista que celebró “el piquete judicial” ante LPO consideró, de todas formas, que “la Constitución marca que lo que la Corte hizo está bien”, porque en cada provincia hay justicia federal y justicia provincial mientras que en Capital Federal hay, además, justicia nacional. “El problema es la forma, tenés que hablarlo con los jueces nacionales, hacer docencia y trabajarlo políticamente para que no te salte un litigio o disputa gremial”, argumentó.
Su apreciación refiere a que los magistrados nacionales “no quieren ser municipalizados”. Sin embargo, otro colega suyo advierte que la Constitución “no dice que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea una provincia”, sino que establece “un gobierno autónomo y que las competencias de ese gobierno estarán fijadas por una ley especial del Congreso, que es la Ley Cafiero”. “Que el TSJ porteño sea superior de la Cámara Nacional no surge ni de la ley especial del Congreso ni de la Constitución”, remarca.
Pese a la bronca contra la Corte, en el Poder Judicial también circulaba la sospecha que el oficio de Casal podía estar “charlado” con los supremos, para ofrecer una salida decorosa ante la rebelión interna.
