La conflictiva transición en la intedencia de San Miguel de Tucumán terminó en la justicia. La preonista Rossana Chahla denunció administración fraudulenta durante la gestión de su antecesor, el macrista Germán Alfaro.
La decisión de Chahla escalón la tensión con el gobernador Osvaldo Jaldo, que acaba de sumar a Alfaro como aliado.
Desde que asumió, hace cuatro meses, Chahla impulsó auditorias sobre la gestión de Alfaro, que estuvo durante dos períodos consecutivos al frente de la administración de la ciudad más grande del norte argentino.
Chahla hizo un detalle pormenorizado de la “herencia” recibida durante su primer discurso ante el Concejo Deliberante, el 1 de Marzo. Los datos más concluyentes y las cifras más grandes de dinero involucradas se relacionan con el Consorcio Metropolitano para el tratamiento integral de la basura, una entidad cuyo integrante principal es la Capital y que conforman los municipios y comunas del área metropolitana. “Es un agujero negro de plata”, alertó un miembro de la gestión de la intendenta.
Chahla tiene de hecho un documento que revela una inusitada transferencia de fondos por cientos de millones a una serie muy limitada de cooperativas, en medio de la campaña electoral.
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El análisis de los fondos que pasaron por el Consorcio revela, afirmaron a LPO fuentes de la Municipalidad, además de movimientos de fondos injustificables -que estiman fueron a pagar la campaña- pago de tareas que nada tenían que ver con el tratamiento y disposición final de la basura.
El Consorcio fue creado de emergencia en 2009 para afrontar una crisis urgente de basura, pero no está atado a las normas que rigen habitualmente contrataciones ni certificaciones de trabajos.
El ex intendente Germán Alfaro.
Alfaro, que dejó el peronismo en 2015, fue candidato el año pasado a vicegobernador de Juntos, en la fórmula que encabezó el hoy diputado radical Roberto Sánchez.
La presentación judicial de Chahla no menciona explícitamente a Alfaro, pero alude a su tiempo en el Municipio. A la cabeza del Consorcio estaba un dirigente de su máxima confianza, Héctor Argañaraz.
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De acuerdo con la auditoría, habría movimientos a los que hay que mirar con lupa. De enero a octubre, final de la gestión de Alfaro, figurarían pagos del Municipio al Consorcio por $5.000 millones. De ese total, $1.000 se habrían empleado en lo relativo a los residuos. Las cifras restantes se habrían dirigido a otro tipo de trabajos.
Los auditores se habrían dado con que se estaba desnaturalizando el objeto del Consorcio contratando servicios de limpieza de canales, trabajos de mantenimiento del Parque 9 de Julio, cosecha de naranjas agrias en la zona céntrica, limpieza de veredas y pequeñas obras en plazas. Uno de los pagos llamativos fue el destino de $200 millones para reparaciones en el Palacio de los Deportes, un anfiteatro municipal que estaba en desuso.
Alfaro explicó que la normativa del Consorcio permitía que se destine dinero a otros fines. En las planillas internas se daría cuenta de que el 90% de esos trabajos eran cobrados por tres cooperativas. Un número que alarmó: las facturas encontradas eran por $4.800 millones pero los movimientos registrados por $2.800 millones. Miembros de la gestión se comunicaron con los responsables de las cooperativas y no habrían acusado deudas.
También habrían encontrado un cheque que cancelaba dos trabajos. Asesores de la Intendencia están convencidos que esas cooperativas, algunas radicadas en el interior provincial, tendrían vínculos políticos con dirigentes alfaristas y están tras esa pista.
El trasfondo político de esta causa tiene dos temas determinantes: la interna entre el gobernador Osvaldo Jaldo y el senador Juan Manzur y, además, la tirantez entre Jaldo y el diputado Carlos Cisneros, que responde al ex Jefe de Gabinete.
La denuncia penal trascendió horas después de que Jaldo blanqueara, con una reunión en la Casa de Gobierno, su alianza política con Alfaro. La foto no cayó bien en el Municipio. El pulso del conflicto se siente en la Casa de Gobierno, donde vienen dejando correr que podrían nombrar a Alfaro en la Caja Popular de Ahorros, uno de los espacios de mayor poder de Cisneros. Jaldo ya había echado recientemente a Sebastián Giobellina, secretario de Turismo, y cercano al dirigente bancario.
