No solamente se robaron 15 kilos de cocaína y 50 mil dólares. Los ocho policías de un grupo especial que irrumpieron a un domicilio de la zona oeste de Rosario de donde se llevaron esas cosas no tenían ningún motivo para entrar. Lo hicieron clandestinamente. Y mintieron de tal forma a las autoridades judiciales sobre lo ocurrido que los tres ocupantes de la vivienda estuvieron presos 45 días como producto de un operativo ilegal.
Por esta escandalosa acción los ocho hombres del grupo Alfa de la Policía de Acción Táctica (PAT) de la policía de Santa Fe quedaron presos este viernes por orden de un juez federal. Lo que se analizó en la audiencia de la Justicia Federal fue el altísimo poder con que cuentan en la calle policías no suficientemente controlados.
Los delitos imputados y avalados por el juez actuante son muy graves. A los efectivos de la PAT les atribuyen privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio, robo agravado, falsedad ideológica, encubrimiento y asociación ilícita. Todo agravado por ser integrantes de una fuerza de seguridad. Tienen perspectiva de prisión efectiva.
Dinero, armas y elementos que identifican a la Patrulla de Acción Táctica -PAT-
Esto ocurrió el 13 de agosto pasado. Los suboficiales Fernando Ferreira, Iván Scheneider, Jesús Balais, Guillermo Toledo, Gerardo Pérez y Sergio Robledo, todos pertenecientes al grupo Alfa de la Policía de Acción Táctica Regional Rosario, ingresaron clandestina e ilegalmente en la vivienda ubicada en calle Forest 56, en la zona oeste rosarina.
Lo hicieron vistiendo sus uniformes y portando sus armas reglamentarias. Llegaron a la vivienda a las 16.30. Redujeron a los tres adultos presentes, esposaron a los dos varones, encerraron en un dormitorio a la mujer adulta con sus dos niños de 8 y 1 año. Bajo amenazas, extrema violencia y sin testigos, requisaron la totalidad del inmueble y de los vehículos de los dos hombres, en búsqueda de droga y de dinero.
Según los fiscales federales que reconstruyeron lo ocurrido, actuaron con las instrucciones del jefe de tercio, el oficial Renzo Michelud, quien arribó al lugar con posterioridad junto con el oficial Agustín Martínez.
A la autoridad judicial le mintieron porque dieron aviso de su presencia dos horas tarde. Los encargados de la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación recién supieron a las 18.36 del día del operativo de esa actuación. No solo les dieron un horario de ingreso falso, sino también las razones por las que estaban allí. Como suele pasar, hablaron de tareas de rutina, un patrullaje normal, un episodio de persecución policial que detectó a dos masculinos que huyeron de modo raudo hacia un domicilio. Luego el ingreso excepcional que habilita una persecución en delito flagrante. Y el hallazgo de droga y armas allí.
Solamente que los uniformados consignaron una parte minúscula de lo secuestrado. En el acta reportaron haber encontrado una balanza, cuatro armas, medio kilo de cocaína, cuatro teléfonos y tres granadas de gas lacrimógeno.
;Libros de actas policiales secuestradas por la federal para periciar
En realidad, se habían ido de la casa mucho más cargados. Los fiscales les imputaron haberse llevado entre 12 y 15 ladrillos con un kilo de cocaína cada uno. También unas veinte armas de fuego entre las que habían fusiles y escopetas. Una suma de 50 mil dólares, 500 dólares y 285 mil pesos. Asimismo, una importante cantidad de celulares e indumentaria que los dueños de casa comercializaban.
Se llevaron todo lo que secuestraron de modo trucho en el mismo vehículo que a los dos hombres y la mujer que estaban en la casa. A los tres les iniciaron una causa penal en la Justicia Federal. Con esos datos falsamente documentados, se solicitó y se ordenó la prisión preventiva para los tres que estuvieron encerrados 45 días. Hasta que hace ocho días, el 27 de septiembre, en una audiencia el juez Marcelo Bailaque declaró la invalidez y la nulidad del procedimiento. Los tres detenidos probablemente tengan conexión con el delito. Pero el operativo de la PAT que los detuvo era tan sucio que era imposible determinarlo. Las detenciones fueron declaradas ilegales.
Para engañar a los investigadores sobre la hora del operativo dijeron que no había cámaras en el lugar. Pero el GPS de sus móviles delató la verdadera hora de llegada al barrio. Y testigos presenciales lo confirmaron.
Este viernes el juez federal Carlos Vera Barros rechazó darles libertad con restricciones a los policías de la PAT. Todo era tan turbio que los defensores no pudieron cuestionar la lógica de los planteos de los fiscales Javier Arzubi, Andrés Montefeltro, María Virginia Sosa y Soledad García, que habían investigado. El magistrado dispuso 90 días de prisión preventiva para todos con excepción del oficial Martínez al que le pidieron 30 días porque su responsabilidad fue considerada menor.
