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El testimonio de un ex fiscal complicó al juez federal de Rosario sospechado de favorecer a un narco

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Un ex fiscal federal complicó con sus declaraciones al juez federal de Rosario Marcelo Bailaque en el proceso disciplinario abierto en el Consejo de la Magistratura, que lo investiga entre otras cosas por haber negado medidas cruciales contra un importante narcotraficante de la zona, que según los acusadores favorecieron su impunidad. “La denegatoria perjudicó la investigación”, dijo el exfiscal federal de Rosario Marcelo Di Giovanni, quien actuaba en esa causa.


El narcotraficante en cuestión es Esteban Lindor Alvarado, quien cobró fama nacional el año pasado al planificar una fuga de la cárcel de Ezeiza en un helicóptero que importó desde España. En 2022 Alvarado fue condenado a prisión perpetua en la Justicia ordinaria de Santa Fe por el asesinato de un prestamista. En el final de ese juicio los fiscales provinciales sorprendieron al pedir al Consejo de la Magistratura de la Nación que analizara la conducta del juez federal Bailaque por haber negado, nueve años antes, medidas cruciales pedidas contra Alvarado, obstrucción que lo favoreció.


Esa inacción la explicó en el juicio Emilio Lencina, ex jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Rosario, quien se refirió a 14 informes que presentó en 2013 contra Alvarado en la Justicia Federal, que exponía la actividad de narcotráfico del sospechado, e incluso la complicidad que había armado con policías santafesinos. Estos, a partir de esos documentos cajoneados, fueron condenados nueve años después.

Con esos informes el fiscal federal Di Giovanni le pidió a Bailaque escuchas sobre teléfonos que en tres casos el juez rechazó. En su declaración presencial ante el Consejo de este miércoles, el ahora ex fiscal dijo que esa denegatoria del magistrado perjudicó la investigación contra Alvarado en la causa 5433/2013, que no avanzó pese a la robustez de una evidencia que luego sirvió para imponer condenas.

Revelan vínculos entre un juez federal de Rosario con el contador del narco Alvarado 

En su descargo efectuado hace un mes Bailaque había explicado que había autorizado la inmensa mayoría de las medidas pedidas por el fiscal y que solo en tres casos no lo hizo, en atención a las garantías exigidas y por fundamentación insuficiente. Al mismo tiempo dijo que su medida no era irreparable porque los fiscales tenían herramientas para apelar su negativa. “El Ministerio Público Fiscal no presentó ni un solo recurso contra aquellas decisiones que no respondían a su interés”, dijo Bailaque en su descargo.

A esto puntualmente el fiscal Di Giovanni lo replicó. Adujo que “esas decisiones según el Código Procesal eran irrecurribles”, es decir que no podían ser protestadas. También dijo que los dos juzgados federales de instrucción de Rosario les delegaban a las fiscalías todas las causas. “Bailaque tenía discrecionalidad absoluta para resolver pero no era arbitrario, fundaba todas sus resoluciones”, afirmó.

Hace dos semanas trascendió que uno de los contadores que certificó trabajos para las empresas legales del capo narco  Alvarado es también contador del juez federal Bailaque.

El trámite que puede terminar en la propuesta de absolución, sanción o destitución para el juez federal Bailaque avanza en un momento turbulento para el magistrado. Hace dos semanas trascendió que uno de los contadores que certificó trabajos para las empresas legales de Alvarado es también contador de Bailaque. 

Este profesional se llama Gabriel Mizzau. En el momento que se conoció la circunstancia se supo también que un hijo del contador, Sebastián Mizzau, había trabajado siete años como empleado en el juzgado a cargo de Bailaque.

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El capo narco Esteban Alvarado.

Esto fue un bombazo en todo el ámbito de la Cámara Federal de Rosario. Se supo luego que este empleado, que no tiene ningún reproche personal, fue a trabajar como relator de los jueces del Tribunal Federal Oral 3 en Rosario. Eso provocó una reunión entre todos los vocales de los tribunales orales de Rosario donde hubo recriminaciones fuertes y pedidos de explicaciones a los jueces que llevaron a trabajar en las sentencias de un tribunal de juicio “al hijo del contador de un narco”.

Tras esta sacudida, con el caso instalado en la prensa, se dispusieron órdenes de allanamiento contra las oficinas y el domicilio del contador Mizzau. El jueves 29 de junio efectivos policiales fueron a efectuar la requisa. Trascendió que los domicilios declarados de su vivienda y de su estudio contable ante la AFIP no eran los auténticos. Y que por ese motivo no fue encontrado. LPO requirió detalles al Ministerio Público Fiscal en Rosario que por el momento, según afirmaron fuentes de la repartición, no efectuará comentarios porque hay medidas pendientes.

Toda esta circunstancia está llamada a alimentar el expediente 97/2022 que la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, presidida por Miguel Piedecasas, lleva adelante contra Bailaque. 

En el juicio provincial al menos dos testigos señalaron que Bailaque desestimó tres pedidos de intervenciones telefónicas y las autorizó recién once meses después de ser solicitadas.

Además del ex fiscal Di Giovanni este miércoles también se presentó como testigo Gustavo Polanco, secretario federal de la Cámara de Apelaciones de Rosario, que se desempeñó como secretario en el juzgado federal 4 de Bailaque. Sobre las objeciones que motivaron el trámite, que son los hechos que habrían provocado la impunidad de Alvarado, Polanco declaró que “se delegó la investigación a la fiscalía y todo se proveyó según el Código”.

Hay otros cuatro testigos fiscales citados que realizarán su declaración por escrito. Estos son el fiscal federal Santiago Marquevich, que tuvo desempeño en Rosario. También el fiscal Diego Iglesias, a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). Asimismo están llamados a hacerlo los tres fiscales santafesinos que pidieron se examinara en el Consejo la conducta de Bailaque por las omisiones aludidas. Son María Eugenia Iribarren, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery. El consejero Rodolfo Tailhade, que es diputado nacional por Unión por la Patria, insistió en que estos testigos declaren en forma presencial.

En el juicio provincial al menos dos testigos señalaron que Bailaque desestimó tres pedidos de intervenciones telefónicas y las autorizó recién once meses después de ser solicitadas.

Bailaque refutó que haya tenido incidencia en lo que los fiscales provinciales entienden que implicó impunidad para Alvarado.

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