En medio de la parálisis de la obra pública con financiamiento nacional, en el puerto de Mar del Plata está previsto que se retomen los trabajos de ampliación de su red cloacal a partir del acuerdo judicial alcanzado con una firma imputada por contaminación.
Según dieron a conocer desde el consorcio portuario, la Justicia Federal de Mar del Plata avaló la propuesta de acuerdo conciliatorio que presentó la Cooperativa Marplatense de Pesca (Coomarpes), fabricante de harina de pescado que desde 2016 tiene abierta una causa por constatarse que realizaba vertidos tóxicos.
Para eludir el juicio oral, Coomarpes propuso una compensación económica destinada a terminar las obras de extensión de red cloacal que están paralizadas desde la llegada del gobierno de Javier Milei.
Se trata de una obra central para el complejo portuario que implica la ejecución de 3.375 metros de colectoras cloacales, 200 conexiones domiciliarias y 244 metros de cañería de impulsión en la zona comercial y en los Espigones 1 y 2.
Esa extensión de las redes cloacales en la zona del puerto busca no solo incluir en el servicio a 8 mil habitantes, sino también a áreas operativas, muelles y locales comerciales.
La obra había sido gestionada en su momento por la entonces titular de Anses, Fernanda Raverta, referente marplatense de La Cámpora, que sigue al comando del puerto local a través del ex concejal Marcos Gutiérrez.
Iniciada en julio de 2022, la obra en cuestión tiene dos particularidades que ilustran el contexto político actual.
El proyecto se venía ejecutando a través del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) que Milei cerró, mientras que las proyecciones de extensión de red alcanzaban a la Escuela Nacional de Pesca, la cual el gobierno libertario pretende privatizar.
El peronismo cruza los carteles con una franja roja para exhibir las obras abandonadas por Milei
Hace dos años, esas obras de extensión cloacal se iniciaron con un presupuesto superior a los 134 millones de pesos. Ahora, el acuerdo alcanzado entre el puerto y la harinera es por 180 millones, monto que podría cubrir buena parte de los trabajos que restan por hacer.
“Celebramos que la Justicia haya apoyado esta opción para la resolución de esta causa y, con ella, la oportunidad de priorizar como destino la finalización de una obra que resulta fundamental para el desarrollo de nuestro puerto y el cuidado ambiental de toda la jurisdicción”, dijo Marcos Gutiérrez.
