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Guerra en el gremio de Seguridad Privada: bajaron todas las listas opositoras y un ministro exige participar

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La fuerte disputa por el manejo del gremio de Seguridad Privada UPSRA alcanzó su pico máximo de tensión en las últimas horas, cuando la Junta Electoral del gremio que conduce hace cuatro décadas Ángel Alberto García impugnó las cinco listas que pretendían competir contra el líder sindical de 83 años.


Con esa decisión, quedó fuera de carrera la lista liderada por Julio Gutiérrez, actual ministro de Trabajo de Santa Cruz, que se perfilaba como uno de los opositores más competitivos al reunir agrupaciones internas con epicentro en la Patagonia y el Conurbano.

Frente a eso, Gutiérrez recurrió ante la Secretaría de Trabajo nacional para impugnar la decisión de la Junta Electoral del UPSRA, a la que acusó de haber “vulnerado con extrema ilegalidad y arbitrariedad el derecho a participar en el proceso eleccionario”.

Sin descartar la posibilidad de que el conflicto escale al plano judicial, la lista del ministro santacruceño reclama ser oficializada por Nación y, “en caso de desobediencia o rechazo” por parte de la Junta Electoral del UPSRA, solicitaron la suspensión de las elecciones pautadas para el 6 de agosto “hasta que se garantice la democracia y libertad sindical”.

“Con la intención de borrar la democracia interna dentro de UPSRA, la Junta electoral, adicta al actual oficialismo, usa el excesivo rigorismo formal, usando nimiedades de forma para impedir la participación en la vida interna del sindicato”, acusa un pasaje de la presentación que hizo la lista de Gutiérrez a la Secretaría de Trabajo nacional, a la que accedió LPO.

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Hoy ministro de Trabajo de Santa Cruz, Gutiérrez mantiene un largo enfrentamiento con García por la conducción de la UPSRA.

Para la impugnación, la Junta aludió también a una supuesta “posición de poder o dominante” por la condición de ministro del principal candidato opositor. Ante eso, la Lista Verde del funcionario del gobierno de Claudio Vidal dedicó tres páginas de su presentación a refutar “conflicto de intereses”.

Además de la lista de Gutiérrez, fueron desactivas las listas lideradas por el moyanista Christian López, Gabriel Vargas, Fernando Ali y Juan Pablo Fucks, que también promueven objeciones.

Consagrado al frente del gremio hace 40 años con el impulso de Eduardo Duhalde, el abogado Ángel García fue construyendo su estructura de poder en el sindicato que aúna a vigiladores privados, policías retirados y patovicas.

En 2016, García perdió el control de la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina, que fue intervenida por Jorge Triaca. Sobre el epílogo del macrismo, Dante Sica levantó la intervención y homologó la lista Leónicas Requelme, cercano a Luis Barrionuevo, fuertemente enemistado con García.

Con la intención de borrar la democracia interna dentro de UPSRA, la Junta electoral, adicta al actual oficialismo, usa el excesivo rigorismo formal, usando nimiedades de forma para impedir la participación en la vida interna del sindicato.

Pero, a semanas de iniciada la gestión de Alberto Fernández, Claudio Moroni le devolvió el control a García.

En ese contexto, se fueron consolidando otras estructuras sindicales conformadas por disidentes al viejo caudillo, entre ellas la UPSAP en la Patagonia, que comanda el hoy ministro de Trabajo de Santa Cruz.

El año pasado, la Corte Suprema de la Nación hizo lugar a una presentación de Gutiérrez reclamando el llamado a elecciones en UPSRA. Es ahí donde se avanzó en el proceso eleccionario que, ahora, vuelve a estar en riesgo.

Además, en la oposición acusan a García de haber tejido vínculos y de insertar en el gremio a barras de River y Estudiantes para blindar su continuidad en el poder. A la vez, advierten que la obra social OSPSIP “es rechazada por los vigiladores y sus familias” y que está “prácticamente está en desuso y olvidada”.

Con ese cuadro, luego del fallo de la Corte instando a la convocatoria a elecciones, proliferaron armados en busca destronar al viejo caudillo del gremio.

Pero la decisión de la Junta Electoral de barrer con todas las listas opositoras abre un proceso que, otra vez, puede desembocar en intervenciones o en la Justicia.

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