Un camarista penal de Rosario dictaminó que la policía no puede realizar detenciones por averiguación de antecedentes a personas que no lleven el DNI cuando ocurra una requisa espontánea en la vía pública. Fue en respuesta a la presentación de un hábeas corpus de defensores públicos, quienes pidieron el cese de detenciones masivas en base a la reposición de un artículo de la ley orgánica policial de Santa Fe, que según la interpretación oficial habilita al arresto de personas por no ir con su documento.
“En modo alguno podrá entenderse que la no portación de la documentación que acredite la identidad de una persona (DNI) ante el requerimiento de la autoridad policial resulta una causal que habilite la demora de la misma”, indicó el camarista Gustavo Salvador en una resolución conocida hoy.
Las detenciones sistemáticas de personas por averiguación de antecedentes que terminan sin ser acusadas de ningún delito impulsaron a realizar una firme queja judicial al Servicio de Defensa Pública de Rosario, uno de los organismos estatales del sistema penal, que considera que la política preventiva en este campo del gobierno de Pullaro es arbitraria, rompe derechos de las personas y resulta una amenaza para todos los habitantes de la ciudad de Rosario.
El que realizó la presentación, un hábeas corpus, es el defensor público de Rosario, Martín Riccardi. Lo que reportó es que hubo 876 personas demoradas en Rosario entre mediados de julio y la primera semana de agosto. La mayoría fueron detenidas por no poseer DNI. En 385 casos la policía no informó el motivo del arresto. El relevamiento aportado por los defensores indicaba que la mayoría de los demorados eran personas en situación de calle.
En el planteo la Defensa Pública expuso que de las 4 mil detenciones que hubo entre julio y agosto, dos meses, el 60 por ciento fue a personas que no llevaban el DNI, algo que en la interpretación que dio el gobierno se asimila a un acto de resistencia a la identificación.
Un dato adicional remarcado por los defensores públicos para resaltar lo que consideran un medio arbitrario para producir política de prevención es que de esos 4000 mil demorados solamente una persona tenía un pedido de captura activo. Lo que desbarata la idea de que es una política eficaz para la seguridad urbana.
El camarista Salvador admitió la lógica de ese planteo pero rechazó otros dos de la Defensa Pública. Por un lado el juez adujo que el hábeas corpus no era la vía idónea para tramitar el pedido que hace la defensa. Por otro rechazó declarar inconstitucional el artículo que reinstaló la posibilidad de detener a quien no lleve el DNI para no interferir con una decisión legislativa impulsada por el gobierno de Pullaro y aprobada con gran respaldo por el congreso provincial.
Pero sí subrayó que no se puede ejercer coacción contra alguien por lo que la ley no dice. Sostiene que para detener en estas condiciones tienen que existir indicios o sospechas ciertas de la comisión de un delito. Pero que no se puede considerar como un acto de resistencia no llevar el DNI porque su sola no portación no es motivo suficiente para resistir la identificación.
“Llevar la licencia de conducir cuando uno maneja es obligación. Pero para andar en bicicleta no es exigible llevar la factura de compra de la bicicleta. Lo mismo con el DNI. Se puede estar en la calle sin el documento sin que eso implique resistencia”, es el principio comparativo que sostiene la interpretación.
En abril de este año, la Legislatura santafesina aprobó modificaciones al Código Procesal Penal. En ese sentido restituyó la vigencia de un artículo de la ley que desde 1975 y hasta 1997 adjudica a la policía la facultad de detener a toda persona de la cual sea necesario conocer sus antecedentes en circunstancias que lo justifiquen, “o cuando se nieguen a identificarse”.
Desde el inicio de la gestión de Pullaro se reanudaron procedimientos de control policial en la calle especialmente de vehículos y personas. Estos se realizan en una ciudad donde en los años anteriores la policía estaba invisibilizada y retirada de la escena urbana. Los operativos de identificación de personas que son especialmente por la noche fueron parte de un anuncio deliberado del nuevo gobierno que, en medio de una notoria crisis de seguridad, indicó que debía ser unos puntales de la garantía de seguridad en la vía pública.
Lo que denunció la Defensa Pública es que hay detenciones masivas sin lógica y con un criterio selectivo que refuerza patrones discriminatorios. Se señala que en general las detenidas en estas redadas rutinarias son personas en estado de vulnerabilidad y mayormente por portación de cara.
En la audiencia el camarista Salvador dijo a representantes del gobierno provincial y fiscalía que si de 4000 mil detenciones solamente hubo una persona con pedido de captura activo no se puede deducir que sea importante, como señala la autoridad política, proceder a demoras como factor valorable en la prevención de ilícitos.
El camarista dice que tiene lógica vincular dos valores en discusión: la protección de la seguridad ciudadana y el resguardo del derecho de las personas a transitar libremente. En ese sentido Salvador afirma que demorar a una persona y trasladarla a una comisaria por falta de DNI no puede homologarse a un acto de resistencia. Tiene que haber, para detener, condiciones objetivas de para configurar un estado de sospecha, dice el funcionario judicial.
