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Mindlin y Sielecki prometen una inversión de USD 700 millones cuando se apruebe el RIGI

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La obra para la finalización de la segunda etapa del gasoducto Nestor Kirchner estaba muerta y enterrada por el gobierno de Javier Milei, corrido de todo proyecto de infraestructura.  


Pero el gas de Vaca Muerta pide a gritos ser capitalizado. Por eso, Marcelo Mindlin y Daniel Sielecki prometen una inversión de USD 700 millones cuando se entren en vigor los beneficios impositivos para las grandes inversiones previstos en el RIGI, sancionado por el Congreso.

A diferencia del proyecto original, la propuesta se limita a sumar las 3 plantas compresoras que el gobierno de Milei no concretó , pero no contempla la extensión del caño al centro del país con el objetivo de garantizar el abastecimiento interno. O sea, se busca ampliar la capacidad de transporte del caño para exportar.

La empresa aclaró que el proyecto es complementario y de ninguna manera excluye la posibilidad de avanzar con la construcción del Tramo II del Néstor Kirchner.

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Oscar Sardi, CEO de TGS la compañía a cargo de la obra, destacó que  “resulta imperioso que Argentina cuente con la infraestructura necesaria que le permita capitalizar estos recursos durante la transición energética”. 


El proyecto está basado en el máximo aprovechamiento de la infraestructura de transporte existente, de alta eficiencia en términos de monto invertido por metro cúbico transportado. 

Con esta obra el caño va a pasar de transportar 21 a 35 millones de metros cúbicos diarios. TGS sumará 14 millones pero el Estado financió el volumen inicial y la construcción del caño. Es muy difícil dividir cuanto le corresponde a cada uno.

“El problema es que la inversión se hace para ampliar infraestructura ya amortizada y financiada por el Estado nacional”, afirmó Agustina Sanchez Beck, magister en Energía y coordinadora del dto de Energía y Minería de Ocipex.

La polémica se suscita por la modalidad bajo la cual la compañía apunta a recuperar la inversión: a partir del cobro del transporte a productoras y comercializadoras. “Con esta obra el caño va a pasar de transportar 21 a 35 millones de metros cúbicos diarios. TGS sumará 14 millones pero el Estado financió el volumen inicial y la construcción del caño. Es muy difícil dividir cuanto le corresponde a cada uno”, explicó un ex funcionario de Energía. 

Esta fuente explicó que cederle el cobro de por el transporte del gas a TGS habilitaría el negocio de los intermediarios. “Las comercializadoras pagarían por adelantado cuota de volumen del ducto, para luego venderselos a la industria a un precio mucho más caro”, indicó y agregó “así funciona el mercado cuando el Estado no regula”. 

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TGS es una empresa privada que adquirió en 1992 la concesión del tramo sur de los gasoductos que se construyeron el a través de la empresa Gas del Estado. Cuando se reformó el sector energético en general, y el gasífero en particular, se dividió en tres segmentos: generación, transporte y distribución. TGS opera en el tramo del transporte. 

 “Cobra una tarifa por operar gasoductos que no construyó y el gobierno de Milei le dio un 675% de aumento sobre esa tarifa”, enfatizó Sanchez Beck. 

A este debate se suma la relevancia del RIGI. Desde el oficialismo salieron a reivindicar este anuncio como consecuencia del avance de este proyecto legislativo. Gusto Mariani, CEO de Pampa Energía explicó que “de aprobarse la Ley Bases, el encuadramiento de la inversión privada dentro del RIGI redundará en menores tarifas de transporte de gas para los usuarios”.

De aprobarse la Ley Bases, el encuadramiento de la inversión privada dentro del RIGI redundará en menores tarifas de transporte de gas para los usuarios.

Desde la vereda de enfrente desde Ocipex consideran que el RIGI otorga “excesivos” beneficios y subsidios a las empresas privadas que invierten sobre infraestructura existente y ya amortizada para así maximizar la rentabilidad”.  Sanchez Beck destaca que “si miramos el mapa de los gasoductos en Argentina, aún hay regiones enteras sin gas natural por red. Una verdadera nueva inversión que es para lo que supuestamente armaron el RIGI, sería construir más gasoductos para llegar a esos lugares”.  

En rigor, el plan que presentó TGS está integrado por obras de ampliación en dos sistemas con marcos regulatorios diferenciados. Por un lado, se propone ejecutar una obra en el Tramo Tratayén – Salliqueló del Néstor Kirchner, bajo la Ley de Hidrocarburos, y por el otro aplica al Régimen de Iniciativa Privada (IP), que requiere un proceso de concurso para recibir y adjudicar las ofertas que presenten los interesados en su ejecución.

Para que el proyecto se inaugure en el invierno 2026, es necesario que se adjudique antes de noviembre de este año. La traza de 574 km de caño se concluyó en poco más de seis meses. 

Como sea, el anuncio de TGS agitó el avispero del sector de la energía. “Lo primereó a Techint, se cortó solo Pampa”, dijo a LPO una fuente de una de las empresas que agregó “y eso que habían demostrado ser un equipo exitoso”. 

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