El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, quedó formalmente imputado en una causa por lavado de dinero. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil.
El funcionario es investigado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, en una causa por presunto lavado de dinero derivada del caso que investiga un esquema de presuntas coimas con las fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV).
La orden de levantar el secreto bancario también recayó en otras personas involucradas, entre ellas su pareja Claudia Pombo, concejala de Pilar y recientemente desplazada de la presidencia del Concejo Deliberante por el avance del caso.
El magistrado también extendió el levantamiento del secreto bancario a Agustina Cuadra (hija de Claudia Pombo), Facundo Asencio (director provincial de la VTV), Roxana Elma Pombo (hermana de Claudia, concejala y funcionaria del ministerio de D’Onofrio), Mario Quattrochi (juez de faltas) y Héctor Marcelo Suárez Basail (medio hermano de Pombo).
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El juez de Campana busca saber si los investigados son titulares cuentas corrientes o cajas de ahorro en pesos y moneda extranjera entre el período que va desde el 29 de diciembre de 2021 hasta el jueves 11 de diciembre que se publicó la resolución.
En tanto, se le pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF), si existen Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y antecedentes vinculados a los imputados, además de colaboración con organismos internacionales, incluyendo pares en España, a través de la plataforma del Grupo Egmont.
Claudia Pombo.
Además, a las proveedoras de criptomonedas se instruyó verificar si los investigados son clientes y proporcionar información sobre sus movimientos desde fines de 2021.
La causa se inició en octubre con la denuncia de un particular por una trama de “gestores” que contactaban a infractores, les cobraban un porcentaje de la multa y prometían darla de baja del sistema.
A esa denuncia se sumó como particular damnificada la empresa Secutrans, proveedora del sistema de fotomultas, que había experimentado una merma considerable en su recaudación mensual por las infracciones. Además, a través de licitaciones otorgadas de manera irregular, algunos empresarios habrían recibido contratos millonarios sin seguir los procedimientos establecidos por la ley de proveedores.
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De acuerdo a la resolución de González Charvay, tras el dictamen fiscal, el objeto procesal busca determinar si los imputados pusieron en circulación en el mercado bienes provenientes de delitos que habrían cometido en el ejercicio de la función pública local.
Además, buscará determinar si durante el período investigado, y a partir de las presuntas acciones delictivas señaladas los involucrados incrementaron ilícita e injustificadamente de manera apreciable su patrimonio.
En La Plata, el fiscal Álvaro Garganta también apuntó al ministro como parte de un esquema paralelo de gestores que ofrecían la posibilidad de eliminar las multas de tránsito a cambio de un porcentaje del monto que el infractor debía pagar.
La comisión que se cobraba por borrar las multas era del 30% del monto original. Esto generó graves pérdidas económicas a Secutrans, la empresa encargada del sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires.
Según la denuncia, la firma sufrió una caída en sus recaudaciones de entre 4 y 10 millones de dólares mensuales debido a estas prácticas fraudulentas. Allí aparece la figura del juez de faltas Mario Quattrochi, sospechado de eliminar esas infracciones.
