“Se le antoja chorear una bondiola y ahora nos caga la vida a todos”. Esta fue una de las frases que se desprendió por estas horas de un empleado de la Legislatura cordobesa obligado a cortar antes sus vacaciones para ir hasta la Unicameral a firmar personalmente su contrato. Esto, a raíz de lo sucedido en los últimos días cuando Guillermo Kraisman, el célebre puntero del peronismo cordobés que fue detenido hace unos meses por robar bondiola de un supermercado, fue apresado nuevamente al intentar retirar un millón de pesos de una sucursal del Banco de Córdoba con un DNI que no era de él.
Correspondía a Virginia Martínez, una mujer de paso fugaz por la Unicameral como contratada y de la cual el fiscal Andrés Godoy investiga el vínculo con el dirigente de reciente pasado como funcionario de la Municipalidad bajo la gestión de Daniel Passerini.
Antes del arranque de sesiones ordinarias en la Legislatura provincial que comienzan el 1 de febrero, se dispuso que todos los contratos se firmen de manera personal. Ahora, y de acuerdo con lo que pudo saber LPO, ayer por la tarde informaron a los legisladores y asesores de todos los espacios que “hoy si o sí debían pasar a firmar los contratos, de lo contrario el mes que viene no cobraba nadie”, reconoció una fuente.
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El caso provocó una fuerte tensión en el oficialismo cordobés porque Kraisman sigue siendo un dirigente imposible de ralear. Fue parte de todas las gestiones: con De la Sota, Schiaretti, con Llaryora cuando el actual gobernador era intendente y le dieron un despacho en el Concejo Deliberante, y hasta el episodio del fiambre había sido director de Asuntos Vecinales dentro de la secretaría que encabeza Héctor ‘Pichi’ Campana, el funcionario que Passerini y Alejandra Vigo, la esposa de Schiaretti, quieren para la intendencia en el 2027.
Tras se detenido por la causa bondiola, Kraisman fue desplazado del cargo, aunque su mujer, Liliana Sorbellini, sigue a cargo del Parque Educativo Sureste, una dependencia municipal y con la cual se investiga si Martínez, la mujer del DNI, tenía algún tipo de vínculo. Porque, además, se sospecha que ‘el Puma’, tal es el apodo del dirigente, sostiene lazos con la política y el peronismo cordobés, y de estar observado por, presuntamente, cobrar de varios contratos en distintas reparticiones. Según confiaron algunos que este viernes asistieron a firmar su vínculo de manera personal.
La semana pasada, junto con Kraisman, fue detenida también Luciana Castro, también funcionaria municipal ahora desplazada. Cuando, según investiga el fiscal Godoy, intentaban cobrar casi un millón de pesos con un documento que no les pertenecía. Situación que lo llevó a Kraisman al calificativo del “Chocolate cordobés”.
Parte del botín que “el Puma” Kraisman intentó llevarse de un supermercado
