El gobierno dispuso que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) audite las universidades, en medio del conflicto por la toma de las facultades en todo el país.
El procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, firmó este martes el dictamen para que funcione como órgano auditor de las universidades nacionales. Barra informó que el sistema de control interno previsto está incluido en la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y de aplicación a las universidades nacionales, detallaron fuentes oficiales.
La resolución fue informada a la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello, en respuesta a la solicitud que los legisladores del PRO y el MID elevaron al Gobierno nacional en el marco de las mesas conjuntas que funcionan en Casa Rosada.
Hasta hoy, solo la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo que depende del Congreso, podía llevar adelante las auditorias. La AGN la preside Juan Manuel Olmos, vicejefe de Gabinete durante el gobierno de Alberto Fernández.
LPO anticipó que el Gobierno no quiere que la AGN audite lo que hace en las empresas del Estado.
El Gobierno no quiere que la Auditoría General audite lo que hace en las empresas del Estado
La conclusión del dictamen firmado por Barra establece: “En síntesis, a la luz del texto constitucional modificado en el año 1994 y de los antecedentes normativos, jurisprudenciales y de la doctrina de esta Procuración del Tesoro, opino que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N.° 24.156 es de aplicación a las Universidades Nacionales, en tanto el ejercicio de dicho control no contradice ni vulnera la autonomía funcional y la autarquía administrativa-financiera que les reconoce la Constitución Nacional, reglamentada por el Legislador a través de la Ley de Educación Superior N.° 24.521.
Esta decisión anula la resolución del ex procurador del Tesoro Carlos Zannini, quien en noviembre de 2022 determinó que las universidades quedaban exentas de la aplicación del artículo 100 de la ley de Administración Financiera.
