Los puertos de la provincia de Buenos Aires -en especial los privados- están en alerta por la inclusión de un impuesto adicional en la Ley Fiscal que Axel Kicillof envió a la Legislatura.
El proyecto incluye un 4,5% de Ingresos Brutos, pero sostiene un adicional que se cobra desde 2020 y que lleva la presión impositiva a casi el 10%. Desde las cámaras portuarias aseguran que las terminales pierden total competitividad respecto de los puertos de la Ciudad o de la provincia de Santa Fe.
El problema es con el llamado ‘impuesto adicional’ que se creó en 2020 como un tributo de carácter extraordinario. A diferencia del impuesto original -que se determina en función de la aplicación de una alícuota (4,5%) sobre los ingresos por la carga y descarga en los puertos, este impuesto adicional se determina a través de importes fijos por cada tonelada de mercadería cargada, descargada y removida durante el mes y se abona junto con el monto de Ingresos Brutos.
Este año la sumatoria de la alícuota del 4,5% por Ingresos Brutos y el adicional significó una erogación para los puertos cercana al 10%. Fuentes de las cámaras que agrupan a los puertos privados aseguran que en otras provincias el impuesto no supera el 4,5%.
La diferencia entre la tasa portuaria de los puertos bonaerense con la de otras provincias es notoria. Tierra del Fuego cobra 1,5%; Corrientes 2,9%; Santa Cruz, Formosa y Chaco cobran 3%; Chubut 4%; Santa Fe, Río Negro Y CABA 5%. Los puertos
Pero además, agregan que ese adicional aplica sólo a los puertos de la provincia de Buenos Aires, con lo cual ese encarecimiento sobreviniente les genera, a los puertos bonaerenses una notoria pérdida de competitividad frente a los puertos ubicados en CABA o Santa Fe.
El tema se planteó días atrás en la Legislatura durante un plenario convocado por el diputado Matías Ranzini (PRO). Allí participaron autoridades portuarias y legisladores de la oposición.
Las cámaras aseguran que en la Le Fiscal actual -que el gobierno de Kicillof espera tener aprobada este mes- se mantuvo el adicional con igual redacción a la de la Ley Fiscal del año 2024, pero se incrementaron sensiblemente los montos.
Según el nuevo esquema, las Empresas operadoras de Puertos deberán pagar $1.135 por cada tonelada o fracción superior a 500 kilos de mercadería cargada en buques; $3.405 por tonelada o fracción superior a 500 kilos de mercadería descargada y $2.545 por mercadería removida durante el mes, esto es un incremento superior al 120%.
Fuentes de los puertos públicos reconocieron a LPO que el adicional supone un fuerte impacto también para las terminales administradas por consorcios. “Es imposible competir con otras provincias”, dicen.
La sobretasa afecta tanto a los puertos privados como los públicos. Sin embargo, estos últimos tienen la chance de retener ese pasivo a través de los consorcios de gestión y después cobrárselos a las empresas.
Desde la sanción del Adicional en 2020, varios puertos iniciaron acciones judiciales cuestionando la constitucionalidad del adicional. A día de hoy existen 11 expedientes judiciales en trámite ante la Corte Suprema.
Desde las cámaras aseguran que el adicional vulnera el artículo 18 de la Ley de Actividades Portuarias 24.093 en cuanto prohíben el establecimiento de derechos o tributos a los buques, a las cargas y a la circulación de mercaderías por los ríos navegables.
