En las formas habrá cortesía, pero para dar impulso a la reforma de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe el gobierno de Maximiliano Pullaro está dispuesto a discutir a garrotazos. Para el oficialismo el problema es de vida o muerte: con el déficit por años irremontable y acentuado mes a mes, los 103 mil beneficiarios que hoy tiene el sistema previsional de la provincia terminarán en el Anses. O se enderezan las incongruencias y las injusticias en el esquema o los jubilados y pensionados provinciales, que son una porción del total, terminarán absorbidos por la Nación y cobrando irremediablemente menos.
Eso afirman de modo muy tajante en la reducida mesa de análisis donde el oficialismo provincial redondeó el esquema de lucha frontal que habrá en la Legislatura a mediados de agosto, cuando se discuta la reforma previsional empujada por Pullaro. A las distorsiones de hoy, dicen, habrá de verse cómo y quiénes las defienden. Desde los grupos de interés o desde las bancas. El sistema tiene que tener razonabilidad pero sobre todo, en un paisaje de crisis sistémica, justicia en las escalas. Y los regímenes especiales tienen distorsiones en los beneficios que no tolera ningún modelo republicano. En especial en las remuneraciones del Poder Judicial, el ámbito Legislativo, organismos públicos de control y los políticos.
Acá algunos de las deformaciones insostenibles que entrarán en el debate con las lanzas de los legisladores más cercanos a Pullaro en la coalición oficialista y lo que se procurará cambiar:
· El mayor haber jubilatorio en Santa Fe al mes de junio multiplicaba por 32 la jubilación mínima. Es lo que cobra por ejemplo un jubilado o pensionado de la Corte Suprema. El salario máximo de un ministro de la Corte provincial son 12 millones de pesos. Se acentuará un tope ya existente asentado en criterios lógicos.
· Se terminará el beneficio actual que hace que una persona que supere los 30 años de aporte puede obtener por cada año de contribución adicional un 2×1 en relación a la edad de la jubilación. Eso recorta la edad de retiro por cada año de exceso de aporte. Lo que hace que una persona que entró a los 18 años al sistema pueda jubilarse antes de los 56 años.
· Se elevará la contribución jubilatoria provincial que está por ley en un 14,5 por ciento de las remuneraciones de trabajadores activos. En trabajadores nacionales el aporte es 18 por ciento. En Córdoba, 21%. Pero además en Santa Fe no hay prevista una progresividad que aumente el aporte en los que más reciben. Quien cobra 8 millones de pesos como activo desvía al sistema lo mismo que quien cobra 800 mil.
· Elevar la edad de jubilación de las mujeres que es a los 60 años. Con excepciones en el régimen docente por ejemplo. Maestras y profesoras que hayan estado al frente de aulas durante la mayor parte de sus carreras podrán retirarse, cumplidos los aportes, antes de esa edad.
Multimillonario y creciente, el quebranto continuado de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe se profundiza además por el hecho de que la Nación tiene frenadas las partidas regulares que por ley debe por transferencias automáticas, lo que presiona sobre la tesorería provincial mes a mes. Pero no es solo un déficit de coyuntura. Como pasa en todos lados, el mayor envejecimiento poblacional desfinancia el organismo, lo mismo que una relación cada vez más reducida entre contribuyentes activos por jubilado. Hay 208 mil activos contra 103 mil pasivos lo que produce un agobio rutinario al erario público. La relación admisible para la OCDE es 4 activos por cada jubilado. En Santa Fe es 2 a 1.
El ámbito del Poder Judicial es especialmente mirado por las asimetrías notorias a criterio del gobierno de imposible justificación, más en haberes libres del impuesto a las ganancias. El análisis segmentado de la Caja da que el sector aporta el 48% de lo que recibe. Si el debate es cordial se dirá que esta distorsión de beneficios no es tolerable en el sector por lejos más privilegiado en salarios de la administración pública en una provincia con la mitad de la población bajo la línea de pobreza y grandes segmentos en una informalidad que nunca le permitirá jubilarse. Si la discusión se empina no habrá delicadezas. “Cobran el sueldo en base a una ley de enganche que define la Corte Suprema de la Nación regulando sus propios ingresos. Nunca quedan atrás del costo de vida argentino. Le ganan a la inflación de Venezuela”, definen.
Algo que también cambiará es el régimen que suma los beneficios de cónyuges que son beneficiarios de la caja por encima de un tope. Se da repetidamente que existen vínculos matrimoniales en agentes del Poder Judicial con altos ingresos. Ahora el ingreso tendrá un límite o tope por beneficiario y no por beneficio.
¿Qué significa esto? Existen casos donde dos judiciales de alto rango están casados. A la muerte de uno de ellos el otro se convierte en pensionado de su cónyuge. Si eso ocurre el beneficio a percibir, sueldo sumado a pensión por viudez, no podrá superar a una suma hoy estimada en 9 millones de pesos. Vale decir, no se adicionará sueldo a pensión, que es la suma de beneficios. El tope se aplicará al beneficiario.
Una comisión multidisciplinaria que analiza la reforma previsional no extenderá su trabajo más allá de finales de este mes. En agosto el gobierno quiere ingresar su proyecto de ley de reforma a la Caja de Jubilaciones. Algo que en Córdoba, por las alteraciones sociales objetivas que exigen revisar los criterios de financiamiento, ocurrió once veces desde el retorno democrático. El debate se dará dentro y fuera de la Legislatura, afirman muy cerca de Pullaro, con moderación o con el cuchillo entre los dientes. Según el gobierno todos los sectores saben cómo puede terminar la historia: “Pagará la provincia pero si nada cambia la alternativa es que vayan al Ansés”. En junio último el déficit reportado por la provincia, solo un mes con aguinaldo, fueron 40 mil millones de pesos.
El círculo íntimo de Pullaro habla de limitaciones objetivas y subjetivas para las distorsiones de la Caja. Entre las primeras están las fragilidades por la ecuación insustentable entre activos y pasivos y la mayor longevidad poblacional. Entre las segundas las asimetrías intolerables, dice el gobierno, para un régimen republicano, de beneficiarios muy acomodados como Empresa Provincial de la Energía, judiciales, Tribunal de Cuentas y retirados del Poder Legislativo. “Hay déficit, pero hay injusticia”, dice el pullarismo. “Apelamos al diálogo pero para dar los cambios vamos con todo”.
