Pullaro le ordenó a su ministro de Producción, Gustavo Puccini, que le exija a la Empresa Provincial de la Energía -EPE- la judicialización de todos los casos de enganchados a la luz: “Se terminó la joda en la EPE”, dijo Puccini quien sospecha de discrecionalidades en las causas que la empresa traslada a fiscalía por robo de energía.
Para el gobierno, esta discrecionalidad “se definían en una mesa” que decidía que casos llegaban a tribunales y cuales no de acuerdo a un instructivo elaborado en el año 2022, cuando gobernaba Perotti. Ahora, buscan establecer criterios objetivos para evitar suspicacias.
Es que durante el gobierno del socialista Miguel Lifschitz, cuando la EPE era presidida Daniel Cantalejo, se resolvió rangos para la judicialización o no en casos de conexiones clandestinas para evitar perjudicar a pequeños comercios barriales y usuario humildes con pequeños consumos que solo se judicializaba en caso de reincidencia.
Lo que sucedió luego, es que durante la gestión de Perotti se advirtieron casos de enganchados con suficiente capacidad de pago y robos por montos importantes que nunca llegaron al proceso judicial.
“Veíamos que cuando salíamos a hacer inspecciones, nos encontrábamos con determinadas situaciones irregulares. Luego pedí ver los instructivos y los procedimientos administrativos por los cuales la empresa instruye estas denuncias. Al leerlo me doy cuenta que lo que hay que evitar es una discrecionalidad, porque resulta que hay una mesa que determina qué casos tiene que ir a la justicia y cuáles no”, detalló Puccini.
Para el ministro, si se detecta una situación irregular tiene que ser denunciado y que sea la Justicia la que desestime. “Pero no puede haber discrecionalidad por parte de una empresa provincial que le brinda energía a toda la ciudadanía. Estas cosas generan perjuicio”.
Es que en las inspecciones se detectaron más de una docena de lavaderos de autos con conexiones ilegales, un bar con siete infracciones que, a pesar de la reincidencia, nunca se hizo la denuncia.
El caso más resonante es el de la urbanización Funes Lakes, un desarrollo inmobiliario de lujo en el límite entre Rosario y Funes diseñado con un circuito de canales conectados entre sí donde cada sección de lotes simula islas que llevan nombres de paraísos caribeños.
El mega emprendimiento es desarrollado por Casanova, Mattos & Salvatierra, un poderoso bufete de abogados que tiene varias inversiones en la ciudad y es uno de los principales accionistas del diario La Capital. A pesar de ello, Funes Lakes estaba enganchado de la luz y nunca fueron denunciados.
