Con un día hábil de anticipación, el ministro de Justicia, Cúneo Libarona, le avisó a los Tribunales Federales de Rosario que a partir del próximo lunes, comienza a regir el nuevo Código Procesal Penal Federal que le saca la investigación a los jueces y se la traslada a los fiscales.
En consecuencia, implica un cambio estructural en los litigios en las causas por narcotráfico, lavado de activos y trata de personas cuyas pesquisas y recolección de pruebas pasarán a manos de la fiscalía.
El nuevo Código Procesal Penal Federal se sancionó en 2015 y se aplica en las provincias de Jujuy y Salta desde el 2019 mientras que en Rosario, la ciudad desangrada por la violencia narco, su implementación es materia pendiente desde entonces.
Según una fuente de los Tribunales Federales que habló en off con LPO, explicó que hace cuatro años y cuatro meses que la Comisión Bicameral de implementación del Código definió que el próximo distrito para su implementación iba a ser Rosario y a pesar de los avances en designación de cargos, capacitaciones y recursos materiales, nunca se arrancaba.
“Ahora viene Cúneo Libarona que corrió a la Bicameral y pasó su implementación a la órbita del Ministerio de Justicia y lo quiere activar ya”, dijo la misma fuente que agregó que con los cargos de fiscales y coayudantes muy calificados creados hace nueve meses ya están en condiciones de pasar al nuevo sistema.
Además, destacan que con la desfederalización del narcomenudeo que Pullaro logró en la Legislatura, se redujeran a un quinto la cantidad de causas que llegan al fuero federal que ahora se abocará a investigar los delitos complejos y estructuras narco más sofisticadas.
Por otro lado, la creación de los tribunales federales de San Lorenzo, por lo tanto, la jurisdicción Rosario pasó a tener menor competencia territorial lo cual también permite aliviar la carga.
Por lo tanto, la decisión de Cúneo Libarona de avanzar con la reforma tiene amplio consenso en los Tribunales Federales de Rosario, coincidieron varias fuentes judiciales consultadas por LPO. La objeción que plantearon es que se quiera aplicar a partir del lunes.
De hecho, Santa Fe tuvo su reforma procesal que pasó del sistema inquisitivo al acusatorio y para ello se creó el Ministerio Público de la Acusación, del cual dependen los fiscales, se dotó de recursos y se construyó el Centro de Justicia Penal donde se juzgaron a los principales líderes narcos por delitos de orden provincial.
Por lo tanto, la celeridad con la que Cúneo Libarona pretende implementar el nuevo sistema, obligó al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, a viajar a Rosario este mismo jueves a pesar del aguacero que no dio tregua en todo el día. El ministro de la Corte se reunió con la Cámara Federal local por más de cinco horas para analizar el tema aunque no trascendieron detalles.
Quien salió a pedir tiempo en la implementación del nuevo Código, es el procurador general de la Nación, Eduardo Casal. En una extensa nota, el jefe de los fiscales federales le reclamó al ministro al menos tres meses para terminar de poner a punto los recursos que en rigor, hace varios meses en que se viene avanzando a buen ritmo, adecuando el edificio de la Cámara de Apelaciones, adquiriendo sistemas informáticos, laboratorios para peritajes y el nombramiento de 27 fiscales en el marco del plan de Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal de Santa Fe.
A pesar de ello, Casal señaló que faltan cuestiones básicas que impiden la implementación del nuevo sistema como la inexistencia de una Oficina Judicial, “órgano central en este sistema, que debe determinar el cronograma de las distintas audiencias que genera la nueva forma de litigación”, explicó el procurador.
El Centro de Justicia Penal de Rosario fue víctima de varios ataques de las bandas narco
Otro tema de preocupación son los protocolos de seguridad para jueces, fiscales, peritos y público en general, un tema no menor en una ciudad donde el edificio de Justicia Penal provincial fue baleado en varias oportunidades.
Por lo tanto, Casal le solicitó a Cúneo Libarona “un término adicional para hacer posible, aún con esquemas de contingencia, el piso mínimo de circuitos de trabajo y coordinaciones interinstitucionales que eviten consecuencias nocivas para la gestión de los casos”
