En el Gobierno corre fuerte la versión que indica que Javier Milei está buscando un ángulo para liberar a los genocidas de la última dictadura militar, a días del 24 de marzo.
El presidente, que llegó a negar hasta en el debate presidencial el número de 30 mil desaparecidos, intenta hacer un guiño a su compañera de fórmula.
Victoria Villarruel tiene un compromiso con el sector castrense y construyó su carrera como presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), una organización que reclama investigar episodios de violencia y muerte en manos de los movimientos revolucionarios previos al golpe de Estado de 1976.
De todos modos, durante la campaña Villarruel aclaró que no piensa en indulto ni amnistía, sino en “reclamar justicia con celeridad para los crímenes del terrorismo”.
Es que la figura del indulto, que sólo puede aplicar el presidente, es cuestionada por la Justicia en materia de delitos de lesa humanidad y está prohibida por la ley 27.516 para esos casos.
De hecho este mismo miércoles, acaso previendo novedades en el corto plazo, la Cámara de Casación emitió un fallo con el que recordó que el indulto es “incompatible” en casos de lesa humanidad.
Lo hizo al confirmar las condenas impuestas a 19 represores por crímenes cometidos en perjuicio de 105 víctimas en los centros clandestinos de detención “La Escuelita”, el Batallón de Comunicaciones 181, Unidad Penitenciaria N° 4, Delegación de Viedma de la Policía Federal, Unidad Penitenciaria N° 9 y “la Escuelita” de Neuquén.
Los jueces Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci confirmaron las condenas para integrantes del V Cuerpo del Ejército, autoridades policiales y del Servicio Penitenciario Bonaerense por delitos de lesa humanidad cometidos en esa jurisdicción.
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El fallo destacó que “el Comité contra la Tortura se ha expedido en contra de las medidas de impunidad en la Argentina y en sus precedentes ha recordado su jurisprudencia según la cual los Estados Partes tienen la obligación de sancionar a las personas consideradas responsables de la comisión de actos de tortura”.
“La imposición de penas menos severas y la concesión del indulto son incompatibles con la obligación de imponer penas adecuadas”, dijeron los jueces.
Petri con Pando y otras mujeres que reclaman la libertad de los genocidas.
Por eso otra diagonal que busca el Gobierno es el beneficio del arresto domiciliario para los represores mayores de 70 años, si bien la gran mayoría de los condenados cumple las condenas fuera de la cárcel.
Ese es un reclamo que viene haciendo desde hace años Cecilia Pando, que está distanciada de Villarruel pero en las últimas horas consiguió una foto con Luis Petri.
El ministro de Defensa recibió a un grupo de esposas de genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad y pronunció una frase que estremecerá a sus correligionarios de la UCR que impulsaron el juicio a las Juntas: “Algunos dirigentes demonizaron a las Fuerzas Armadas que actuaron en la década del ‘70”, dijo Petri, que luego publicó un video con música bélica subiendo a un helicóptero.
