Un tribunal resolvió que el teléfono del fiscal Matías Edery, investigador durante años de crimen organizado en Rosario, sea abierto tal como pedían las acusadoras, que le atribuyen haber omitido investigar por delitos violentos a una mujer que era informante en una causa suya. Los magistrados no obstante les fijaron a las dos fiscales actuantes la restricción de ceñirse, en sus búsquedas, exclusivamente a contenidos específicos. Y aclararon que se les debe informar las identidades de todos los que accedan a lo que contiene el aparato, una forma de marcar que en caso de filtraciones habrá a quienes responsabilizar por eso.
Esa referencia no es un detalle prescindible para este caso. Edery investigó durante seis años a los criminales más violentos de Rosario, estuvo bajo amenaza y con custodia asignada. También llevó a juicio al fiscal regional de Rosario hasta 2020 por hechos de corrupción e intentó hacer lo propio con un senador provincial que no enfrentó un estrado porque el cuerpo legislativo no le levantó los fueros.
Abrir los contenidos del teléfono implicaría, según la defensa, eventualmente facilitar la circulación de contenidos sensibles generados en la intimidad, que exponen pormenores de pesquisas criminales pero también intercambios con actores institucionales, tanto nacionales como santafesinos, de los tres poderes del Estado.
En noviembre de 2023 dos fiscales señalaron que Edery encubrió a la testigo protegida Mariana Ortigala por una balacera de 2019 contra el capitalista de juego ilegal ya condenado Leonardo Peiti. Ortigala era informante del fiscal Edery en la causa contra el líder criminal Esteban Alvarado. Unos dichos de Peiti señalaban que Edery protegía a Ortigala y que Carla Belmonte, empleada de la Unidad Fiscal de Criminalidad Organizada, filtraba información a miembros de Los Monos. Peiti también dijo que había entregado más de 250 mil dólares en sobornos a políticos santafesinos.
A Edery se lo imputó de proteger a Ortigala y a Belmonte. El mismo defensor de Edery y Belmonte, Gustavo Franceschetti, señaló que tales planteos eran disparates formulados por Peiti en dos declaraciones diferentes. Y que en una de esas declaraciones, tras tener el legajo un año, el fiscal Gonzalo Fernández Bussy había archivado el caso por no encontrar delito. Como el caso ya había sido investigado y archivado, sostuvo el defensor de Edery, no se podía insistir en que existió un delito que su cliente niega de modo enfático.
Los tres jueces tuvieron que decidir tras dos audiencias que demandaron doce horas. Primero señalaron en este punto en favor de la defensa aunque dijeron que el archivo de Fernández Bussy presentaba ambigüedades. Las fiscales María Laura Urquiza y Bárbara Ilera anticiparon a LPO que pedirán el desarchivo del caso para insistir con la imputación.
La otra cuestión considerada por los jueces era el delicado debate sobre la apertura de los teléfonos secuestrados a Edery y Belmonte sin orden judicial. Los jueces Mariano Aliau, Hernán Postma y Alejandro Negroni validaron el secuestro de esos teléfonos sin aval judicial porque, como alegaban las fiscales, señalaron que habían sido obtenidos en una oficina pública, lo que implica una excepción justificada.
Pero los magistrados fijaron, por unanimidad y con advertencias, límites manifiestos para el acceso a lo que puede accederse. En el caso de Edery, solamente a los contenidos que aludan a fotos y conversaciones que el fiscal imputado hubiera mantenido con Mariana Ortigala y otras dos mujeres, Lorena Córdoba y Natalia Salinas. Ambas estuvieron ligadas a pesquisas penales y se atribuyó a Edery haber tenido con ellas un vínculo impropio de su rol de fiscal.
En el caso del teléfono de Belmonte, los jueces dijeron que solo podrá analizarse los chats que aludan a la relación con Mariana Ortigala. El juez Aliau sostuvo que todos los que trabajen en la pericia forense para llegar a esos contenidos restringidos y los que accedan a ellos deberán ser identificados.
Al final de la audiencia, la fiscal Urquiza señaló a LPO que encontraba satisfactoria a sus expectativas la resolución del tribunal. Afirmó que pedirán la reapertura del archivo de las actuaciones contra Edery por Fernández Bussy, que actualmente es juez. Y que avanzarán en la pesquisa de los teléfonos para profundizar la imputación. “Siempre y cuando los teléfonos puedan abrirse”. Se trata de dos celulares I-phone 14 y 15 que requieren clave alfanumérica para su apertura.
“No se dio la razón a la defensa respecto de que los teléfonos fueron secuestrados en forma indebida. Y en el caso de la pesquisa por la omisión de persecución a Mariana Ortigala, si bien el tribunal dio la razón a la defensa, eso no obstaculiza la posibilidad de investigar ese hecho, por lo que pediremos que se reabra el legajo y se volverá a imputar”, dijo la fiscal Urquiza.
Esteban Alvarado, jefe de una de las bandas más sanguinarias que operaban en Rosario
Gustavo Franceschetti, abogado de Edery y Belmonte, adelantó que apelará ante la Cámara Penal la convalidación de la legalidad del secuestro sin orden judicial de los celulares de sus clientes.
“Vamos a apelar porque entendemos que el secuestro de un teléfono a un fiscal requiere de una autorización de juez que en este caso no estuvo o de la existencia de una situación de urgencia que no se acreditó. Pero fundamentalmente porque nada de lo denunciado es un delito cometido por Edery o Belmonte y por lo tanto no hay razón para ingresar a la vida privada de ellos mirando sus teléfonos”, sostuvo Franceschetti. Quien además recordó que en los proyectos de reformas constitucionales en Santa Fe se analiza conceder fueros a los fiscales para evitar, precisamente, que los desapoderen de dispositivos electrónicos sin orden, por el tipo de materia sensible con las que trabajan.
En las audiencias el defensor también dijo que se habían deslizado contenidos de los chats entregados voluntariamente por Edery a la investigación que había publicado en su medio digital el gremio policial no reconocido Apropol y que esa filtración solo pudo haber salido de la Fiscalía.
Entretanto el caso continúa bajo un viento de presiones cruzadas. Edery investigó a organizaciones criminales pero también a actores del establishment político. Se encuentra actualmente suspendido por la Legislatura por cuatro meses y la sanción expira en 15 días. En ese lapso deberá volver a su rol de fiscal. Edery fue desplazado de la Unidad de Criminalidad Organizada y permanecerá en un ámbito alejado de trámites complejos.
Su destino es fuente de especulación en ámbitos políticos. Una de las más fuertes es que se impulsará la pesquisa de la auditoría general de gestión del Ministerio Público de la Acusación para removerlo de su cargo. Edery insiste con lo que dijo ante la Comisión de Acuerdos de la Legislatura en su descargo previo a ser sancionado. “Las imputaciones penales en mi contra, que van en espejo con las que me hacen aquí, no tienen una ilación lógica ni coherencia interna. Son conjeturas basadas en ninguna evidencia. Más allá del daño personal que sufrí defenderme es muy sencillo porque la acusación no tiene sustento”.
