La situación de la petrolera CITGO se metió en la agenda de la campaña electoral venezolana. La empresa estadounidense adquirida por el estado venezolano desde 1990 está a punto de dejar de ser propiedad del país sudamericano por una demanda de Estados Unidos.
La compañía fue uno de los activos más importante del tesoro venezolano y se encarga refinación de petróleo y comercialización de gasolina valorada en 13.000 millones de dólares.
“Maduro está en la encrucijada más difícil de toda su gestión”
El mes pasado el juez federal de distrito en Delaware, Leonard Stark, despejó el camino para la recepción de ofertas y denegó los últimos argumentos del chavismo. En total, son18 acreedores internacionales, entre grandes y medianas empresas, que reclaman 21.300 millones de dólares por concepto de expropiaciones e impagos en los tiempos del chavismo.
La semana pasada finalizó el plazo de recepción de ofertas para la adquisición de Citgo en una segunda ronda de licitaciones que abrió un tribunal federal estadounidense que lleva el caso.
El titular de PDVSA, Pedro Tellechea, publicó una declaración en donde reclama que “la subasta la tienen que detener, eso es un bien de la nación. Como venezolano, me siento ofendido con el hecho de que nuestros bienes los están vendiendo sin pedirnos alguna autorización”. “Venezuela no se ha podido defender porque no nos reconocen como un país soberano. Eso es un robo”, exige.
En el reparto de responsabilidades aparecen una supuesta mala gestión del chavismo durante los últimos años pero también la irresponsabilidad del autoproclamado gobierno interino de Juan Guaidó del 2019 a 2021 que tomó el control de los activos venezolanos en el exterior, entre ellos, CITGO, con ayuda de Estados Unidos.
En el chavismo remarcan que el juzgado determinó que la gestión Guaidó usó recursos de la compañía para financiar algunas actividades propias y ponen el ojo en supuestos hechos de corrupción de los opositores.
El punto es que las propiedades venezolanas en los Estados Unidos fueron administradas por funcionarios de Guaidó y estuvieron protegidas por resoluciones especiales del Departamento del Tesoro.
Lo que dicen en la oposición a Maduro es que la pérdida de Citgo tiene que ver con el proceso de estatización durante la etapa de Hugo Chávez, entre los años 2007 y 2012 que abrió varios frentes judiciales que aún no fueron resueltos y acumuló demandas y deudas.
Nicolás Maduro decidió en 2016 entregar la totalidad de las acciones de CITGO para recibir préstamos de la empresa rusa Rosneft y los accionistas de los denominados Bonos PDVSA 2020, a espaldas de la Asamblea Nacional, entonces de mayoría opositora. En 2017, Venezuela entra en default y declara la insolvencia, agudizando la crisis económica.
En este marco, la responsabilidad de un agujero millonario y que puede generar efectos ruinosos para la economía se metió de lleno en la campaña electoral de cara al 28 de julio.