Julian Assange llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y podrá salir en libertad luego de pasar cinco años detenido en el Reino Unido.
El fundador de Wikileaks decidió declararse culpable de la violación de la Ley de Espionaje por su papel en la obtención y publicación de documentos militares y diplomáticos clasificados en 2010. Con ese acuerdo, que debe ser ratificado este miércoles, culmina un largo proceso legal que le permitirá regresar a Australia.
El documento presentado este lunes dice que Assange “conspiró a sabiendas e ilegalmente” para “recibir y obtener documentos relacionados con la defensa nacional” y “comunicar” esa información a personas que no tenían derecho a recibirlos”.
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De esta manera, Assange dará testimonio este miércoles ante el tribunal de la remota Saipan, capital de las Islas Marianas del Norte, en el Océano Pacífico, según informaron diversas agencia internacionales de noticia. Esas islas están más cerca de Australia, hacia donde Assange prevé dirigirse tras quedar en libertad. Se espera que ahí se formalice la declaración de culpabilidad y el acuerdo.
El delito por el que Assange se declara culpable conlleva una pena máxima de 10 años de prisión, pero se espera que el acusado comparezca ante ese tribunal y sea condenado a 62 meses, que se darían por cumplidos con el tiempo pasado en la prisión británica, lo que significa que quedaría en libertad.
En la previa, el gobierno de Estados Unidos acusaba a Assange de 17 delitos contra la Ley de Espionaje y uno por intromisión en un ordenador. El editor australiano se enfrentaba a una pena máxima de 170 años de prisión, principalmente por la filtración de más de 250.000 documentos clasificados del Departamento de Estado estadounidense en noviembre de 2010.
Assange lleva cinco años en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, a las afueras de Londres, y antes pasó siete años en la embajada de Ecuador en Londres hasta que se le retiró el asilo y fue sacado a la fuerza de la embajada y detenido en abril de 2019.
Desde el momento de la detención, comenzó un debate alrededor de la extradición que llegó al Tribunal Superior de Justicia de Londres que consideró que las garantías de juicio justo brindadas por Estados Unidos eran insuficientes.
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El argumento de la defensa de Assange sostenía que la publicación de los documentos confidenciales era un asunto de interés público y que le protegía la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos amparada en la libertad de expresión. Washington, sin embargo, sostenía que la filtración puso en peligro a fuentes, ciudadanos y la seguridad nacional estadounidenses.
Joe Biden reconoció en abril pasado que Estados Unidos se planteaba aceptar una petición de Australia para poner fin al proceso legal contra Assange. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, apoyó en febrero una moción en la Cámara baja de su país que reclamaba el regreso de Assange.
