El Gobierno quiere que el mercado eléctrico se “autogestione” y las distribuidoras y generadoras negocien libremente. En la “wishlist” del gobierno, dinamitar Cammesa es un asunto prioritario.
Fuentes oficiales anticiparon a LPO que la primera instancia para cerrar Cammesa es trasladar los contratos a Enarsa. Es el paso previo para cerrar la mayorista del mercado, una operación que en el mercado consideran “imposible” por la gran cantidad de contratos que cruzan a Cammesa.
El secretario de Energía Eduardo, Rodriguez Chirillo, está trabajando en este plan con Carlos Bastos, ex titular de Infraestructura de Domingo Cavallo durante su paso como ministro de Economía de la Alianza, y el empresario Nicky Caputo, uno de los jugadores más importantes del sector, con buena parte de la generación y participación fuerte en el segmento transporte.
El “amigo del alma” de Mauricio Macri tiene declarada la propiedad del 23% de las acciones de la sociedad Sadesa, junto con los empresarios Carlos Miguens Bemberg, Guillermo Reca, la familia Escasany y los hermanos Ruete Aguirre. Este consorcio viene de comprar dos centrales de generación eléctrica a precio de remate: pagó USD 48 millones por el 75,7% de Central Costanera y USD 54 millones por el 41,2% de Central Dock Sud. Además Sadesa es propietario de Central Puerto y de la distribuidora Edesur.
A primera vista Cammesa luce como un simple intermediario: compra el 60% de la energía a lo que se conoce como generación vieja, que son fundamentalmente hidroeléctricas y centrales térmicas con un costo de generación tres veces menor a las energías renovables y la nuclear que abastecen el 40% restante. Una vez comprada la energía, Cammesa traza un promedio de precio entre las modalidades, que tienen costos diversos, para poder ofrecer en a las distribuidoras del mercado un precio estandarizado que hoy varía entre los 70 y los 75 dólares el megawatt. Un dato sumamente relevante es que muchos de estos proveedores -como las nuevas centrales térmicas- tienen contratos en dólares de 10 a 15 años.
“Cammesa es mucho mas que un intermediario. Es un eslabón clave del sistema energético porque garantiza un precio homogéneo y el cumplimiento de todos los contratos”, afirmó a LPO una fuente del sector. El modelo Margo de esta empresa, que va comprando energía según las necesidades de la distintas regiones empezando por los proveedores más baratos, es de avanzada y se tomó del sistema que rige el Reino Unido.
En rigor el 80% de las acciones de Cammesa están en poder de las asociaciones que agrupan a los distintos agentes del mercado mayorista eléctrico (Ageera, Adeera, Ateera y Agueera) y solo el 20% restante lo controla el Estado Nacional a través de la Secretaría de Energía, esto molesta especialmente al Gobierno que no quiere seguir desembolsando los miles de millones que destina a subsidiar el sistema.
Nicky y Toto Caputo.
Mientras Chirillo y Nicky apuran la desintegración de Cammesa con escándalos recurrentes, el sector está en shock. Ahora la mano derecha del secretario de Energía, el abogado Carlos Morales, amenazó a un gerente histórico de la compañía para tratar de forzar su renuncia, tal como reveló el medio especializado Econojournal.
Morales se presentó en Cammesa, aseguró ser apoderado del gerente General, Jorge Garavaglia y según Econojournal intimidó a Jorge Ruisoto, gerente de Normativa y Auditoría Interna, para que firme un acuerdo voluntario de desvinculación. Le dijo que habían llevado adelante una auditoría y detectaron irregularidades con la importación de energía eléctrica que lo comprometían.
La movida fue leída en el mercado como otra avanzada del Gobierno contra Cammesa, como parte de un proceso que incluye grandes contradicciones, como afirmar que se quiere ir a un sistema de libremercado -como en Texas- y al mismo tiempo volver a congelar tarifas como hizo el ministro Caputo en Mayo.
Pero el gran interrogante que se impone en el sector con la ifdea de desguazar Cammesa, gira en torno a las garantías sobre el cumplimiento de los contratos vigentes. “No se entiende el esquema que tiene el gobierno en mente”, afirmó a LPO un empresario del segmento de generación.
“Con la restructuración compulsiva de la deuda acumulada con un bono, la suspensión de obras adjudicadas que cuentan con financiamiento externo y el traspaso de los contratos a Enarsa, una de las cuatro empresas que el gobierno incluyó para privatizar en la Ley Omnibus, están prendiendo fuego la seguridad jurídica”, agregó el empresario que se preguntó: “Qué va a pasar con el contrato firmado con el Estados argentino que tenemos, cuando privaticen Enarsa con nosotros adentro?”.
