La media sanción en Diputados de la Ley Bases abre la puerta para un proceso privatizador sólo comparable al que concretó el presidente Carlos Menem en la década del noventa. De aprobarse la ley en el Senado, el gobierno quedaría habilitado a privatizar mas de una decena de empresas estatales, algunas de ellas muy importantes por su incidencia en sectores estratégicos o su impacto en la vida cotidiana de la gente. No es un tema menor.
En el capítulo 2 de la ley ómnibus se precisa que podrán ser privatizadas de manera total Aerolíneas Argentinas, Enarsa, Radio y Televisión Argentina e Intercargo.
En tanto, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Correo Argentino, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales podrán ser privatizadas parcialmente, y el Estado conservar una porción minoritaria, es decir, perderá el control de las compañías.
Un tercer grupo lo conforman Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Rio Turbio (YCRT), que podrán incorporar capitales privados, aunque en este caso mantendrán mayoría de participación estatal.
Con 138 votos a favor, 111 en contra y dos abstenciones, resultó llamativo el pronunciamiento a favor de una de las espadas legislativas de Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz que mantuvo una férrea oposición al avance sobre Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). El diputado Sergio Acevedo del Frente Por Santa Cruz defendió el éxito de las negociaciones con el Poder Ejecutivo. Desde el entorno del gobernador afirmaron a LPO: “Este es el mal menor, es preservar a la empresa bajo control del Estado, proteger los puestos de trabajo e impedir el desguace de la unidad económica de Río Turbio compuesta por la mina de carbón, la vía férrea y la central térmica”, dijo a LPO un funcionario santacruceño.
Si bien aún resta ver como transita la ley bases por el Senado, donde el oficialismo no la tiene fácil, la media sanción muestra el respaldo de buena parte del arco político a la privatización de empresas importantes para la vida cotidiana de la gente, como los trenes, el mantenimiento y construcción de rutas y los servicios de agua y cloacas.
Incluso, se decidió vender empresas que dejan ganancias al Estado como Intercargo, firma que brinda asistencia a aeronaves en tierra y presta servicios a las principales compañías aéreas, tanto en vuelos de cabotaje como internacionales, en 20 aeropuertos del país.
No parece un dato menor que tanto Milei como el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, hayan trabajado durante años para el concesionario de los aeropuertos privatizados en los noventa, Eduardo Eurnekian, que siempre estuvo interesado en el negocio de Intercargo.
El presidente de la Comiisión de Presupuesto, José Luis Espert, en un tramo del debate de la Ley Bases.
Según un informe de CEPA que dirige Hernan Letcher, la empresa”siempre fue rentable y no necesitó transferencias del Estado Nacional a lo largo de su historia salvo contadas excepciones”. En el 2023 tuvo un resultado positivo que ascendió a 1.500 millones de pesos.
Por su parte, Corredores Viales está compuesta por un capital social del 51% del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y por un 49% de la Dirección Nacional de Vialidad. El objetivo de la empresa es construir y mantener rutas y autopistas. Esta empresa estatal se creó durante el gobierno de Macri, lo que marca una diferencia conceptual importante entre la experiencia neoliberal del macrismo y la versión que encarna Milei.
Con 5.885 km concesionados, Corredores Viales es responsable de 10 tramos de la red vial nacional. Para el informe realizado por CEPA, esta empresa está dentro del sector “cuyo rol es estratégico, como el sector nuclear, telecomunicaciones y defensa. Su privatización implicaría desregulaciones y pérdida de soberanía”.
El mismo informe reveló que el 90% del punto de PBI (0,9%) que supone el total del déficit de empresas públicas en 2023 se destinó a tres rubros: energía, agua y trenes. Más de la mitad fue una sola empresa: ENARSA, con 0,5% del PBI, porque afrontaba los subsidios a la energía y se ocupó de la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner.
A su vez, ENARSA junto con AySA (Agua y Saneamientos Argentina) y a las sociedades ferroviarias (Belgrano Cargas, Ferrocarriles Argentinos SA, entre las más relevantes), alcanzan el 86,9% del total de las transferencias a empresas del Estado.
Desde el Consejo Económico para América Latina (CEPAL) que forma parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estudiaron los efectos tanto positivos como negativos de los procesos desestatizadores en esta parte del continente.
En el capítulo argentino se afirma que entre 1990 y 1991 se privatizaron las empresas de telecomunicaciones, de aeronavegación, tenencias accionarias en la industria petroquímica, áreas centrales y secundarias de la explotación petrolífera, más de un tercio de la red nacional de carreteras, más de 5 000 km de ramales ferroviarios.
Y en 1992 y 1993 el proceso de privatizaciones llegó a nuevos e importantes sectores, en especial los energéticos: la distribución del gas natural, la energía eléctrica tanto en generación, transporte como en distribución, Obras Sanitarias de la Nación, puertos y las dos empresas siderúrgicas integradas (SOMISA y Altos Hornos Zapla).
“Este acelerado y vasto programa de privatizaciones trajo aparejado, hasta fines de 1993, un ingreso de recursos superior a los 15 000 millones de dólares, de los cuales más de la tercera parte corresponde al valor de mercado de los títulos de la deuda”, afirman los economistas Daniel Azpiazu y Adolfo Vispo en este documento que destacaron que “en el corto plazo, los ingresos de capitales tienen un impacto positivo en la balanza de pagos”.
El documento señala que esto contribuyó de manera decisiva a revertir una tendencia que se remontaba a más dedos décadas: las permanentes transferencias netas de capitales al exterior.
Kreplak presiona a la Legislatura para que avance con la creación de dos empresas estatales
La iniciativa privatizadora de Milei va en el sentido contrario del modelo kirchnerista de los últimos veinte años que avanzó en la estatización de empresas privatizadas y la creación de otras. Incluso ahora mismo, su exponente más competitivo, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, intenta que la Legislatura le apruebe la creación de dos empresas estatales para el sector de la salud pública.
Asi mismo Azpiazu y Vispo advierten también las fragilidades a las que quedó expuesta a economía doméstica a partir del proceso de privatización. Efectos en el sector externo, efector en la estructura de precios y efector en la inversión.
La primera condicionada por la remisión de utilidades y
dividendos al exterior por parte de los consorcios adjudicatarios de las empresas privatizadas. La segunda favoreció a áreas privatizadas proveedoras de servicios en detrimento de los
sectores productores de bienes.
Por último sobre los efectos sobre la inversión la CEPAL considera que “a corto plazo se verifica un impacto positivo en la inversión agregada que, sin embargo, ve amortiguados sus efectos multiplicadores
locales por el alto componente de equipamiento adquirido en el exterior, como en el caso de las telecomunicaciones, y queda circunscrito a un número reducido de sectores de actividad”.
No parece casual que en el paper sobre privatizaciónes que firma la ONU destaque que “la absorción por parte
del Ministerio de Economía de las misiones y funciones del ex Ministerio de Obras y Servicios Públicos, en cuya órbita se agrupaba la mayor parte de las
empresas públicas sujetas a privatización, la mejora
en la situación fiscal de corto plazo, el sostén de la
paridad cambiaria fija y la moderada recuperación de
la inversión, emergieron como rasgos decisivos de la funcionalidad de las privatizaciones”.
