El descalabro de la obra social de los peones rurales, Osprera, desembocó en su intervención por parte del Gobierno, que adujo “graves deficiencias” e “irregularidades” en las prestaciones, situación que había adelantado LPO en marzo.
Las denuncias por falta de cobertura de la obra social del gremio Uatre, que conduce José Voytenco, proliferaron a principios de año y se agudizaron con la caída del convenio con el Sindicato del Vidrio. Incluso, disparó reclamos de intervención desde la Sociedad Rural.
Pero lo que aceleró la injerencia del Gobierno en el tema fue la pelea entre Voytenco y Hugo Moyano, que retiró por completo el apoyo que, oportunamente, supo asentar en el poder de Uatre Voytenco en tiempos en los que el gremio estaba en plena disputa.
Según pudo saber LPO, el camionero había intercedido, con el empresario bahiense Gustavo “Turco” Elias como nexo, para que el juez federal Juan José Baric valide en 2022 a Voytenco como líder de la Uatre en tiempos donde una guerra con el sector de Pablo Ansaloni mantenía al gremio en disputa.
Pero el punto de quiebre en la relación de Voytenco con Moyano tuvo que ver precisamente con el manejo de Osprera. El camionero también había sido un actor clave en el convenio de prestación con el gremio del Vidrio, que abarcaba la provincia de Buenos Aires.
Acusan a Uatre de no cubrir los gastos de salud de los peones y el escándalo llegó al Gobierno
Fuentes gremiales señalaron que la fractura surge cuando el líder de Uatre le entrega el control de la obra social al abogado Marcelo Urban, a través del administrador Néstor Acuña. En el ambiente, Urban es considerado el cerebro de Voytenco.
Bajo esa influencia, Osprera nunca le pagó a la obra social del Vidrio por el convenio que gestionó Moyano. Al momento del corte del convenio, la deuda superaba los $1.000 millones.
Las crecientes denuncias por pacientes oncológicos sin medicamentos y fallecimientos ligados a deficiencias en la cobertura graficaron una crisis que no se condecía con los más de 22 mil millones de pesos que Osprera recibió en los últimos años.
Esos recursos provenían de la Superintendencia de Servicios de Salud por tratamientos de alto costo y prestaciones por discapacidad, pagados a través del Fondo Solidario de Redistribución.
La situación de virtual quebranto que hizo crecer sospechas de malversación, derivaron en la intervención que el Gobierno oficializó con un decreto publicado este martes.
Actualmente, Osprera registra deudas prestacionales por casi $44 mil millones y mantiene compromisos incumplidos con hospitales públicos de gestión descentralizada por más de $1.500 millones, según informa la resolución de la Superintendencia.
Por lo pronto, se designó como “administradora provisoria” a Virginia Montero hasta tanto el Ejecutivo disponga la intervención del Agente del Seguro de Salud.
En los considerandos de la resolución, la Superintendencia denunció que “existen 16.410 reclamos de parte de beneficiarios y 172 acciones judiciales en su contra” referidas a medicamentos, afiliación, cirugías, prótesis y problemática prestacional.
Y se aludió a un “relevamiento telefónico aleatorio” a nivel país arroja a partir del cual “no se ha podido verificar fehacientemente que las prestaciones sean brindadas por los prestadores denunciados (anunciados) por la Osprera en su cartilla médica”.
Ya sin el respaldo de Moyano, la intervención de Osprera, la tercera obra social más grande del país con más de 700 mil afiliados, pone en jaque al poder de Voytenco en Uatre.
